La palabra “julepe”, sinónimo de “ajetreo”, refleja hoy el sentir de miles de molestos y contrariados cartageneros ante la actual crisis del agua: incertidumbre e indignación unánime es lo que hay.
La interrupción del servicio, los diarios racionamientos y la falta de información oportuna reviven los peores recuerdos de una ciudad que durante años ha recibido promesas de Acuacar, una empresa creada con el objetivo de tener aseguradas las soluciones de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad. Mientras tanto, pareciere que las obras pactadas, tanto las realizadas como pendientes, no respondiesen a las necesidades reales o, en ciertos casos, que se postergasen factibilidades del servicio por una aparente falta de capacidad para atender a una población en constante crecimiento y desarrollo.
El incremento en las tarifas, la baja presión del agua y los constantes cortes afectan a los hogares, al comercio y a la economía popular, y los ciudadanos enfrentan hoy el impacto de estas fallas operativas.
Lo que se presentó como un modelo exitoso de coparticipación público-privada hoy requiere de una confianza que pareciere inmerecida; un evidente descontento social que merece un verdadero análisis circunstancial, y un inmediato cambio de actitud del socio operador.
En este escenario, la reciente postura del alcalde Dumek: “Resuelven o resolvemos”, no es molestia política ni mediática; es la reacción legítima, en alta voz, de quien entiende que el agua no puede convertirse en un privilegio, ni en una herramienta de abuso contra la ciudadanía e interpreta de manera legítima el reclamo colectivo. Su exigencia responde a la defensa normal de un recurso que no puede convertirse en un privilegio ni en un factor de afectación, pero que deja abierta la puerta para que el operador reflexione y corrija el rumbo porque sabe cuál es su función. Todos debemos respaldar la defensa que hoy lidera el alcalde Dumek.
Los hallazgos de la interventoría del GISAA son preocupantes. Desde 2023 se advirtió sobre presuntos incumplimientos, altos niveles de agua no contabilizada y riesgos operativos. A esto se suma la controversia por el pago del “know-how” a favor de Veolia, que está llamada a superar el reto con coherencia, asumiendo seriamente la responsabilidad que le impone ser el socio operador del propio Distrito.
Cartagena entera debe respaldar la institucionalidad en esta defensa, para juntos lograr el funcionamiento correcto del Distrito y la comunidad. Si el operador privado no vuelve a garantizar el servicio continuo y eficiente, entonces el Distrito está en la obligación de liderar las acciones necesarias para asegurar inversiones efectivas y el estricto cumplimiento contractual. Se requieren soluciones concretas, no justificaciones, porque después de 493 años de historia que se cumplen este 1 de junio, Cartagena de Indias y sus habitantes tienen legítima autoridad para exigir, sin olvidar que Acuacar tiene como socio al propio Distrito.