Hace un par de semanas en Dejusticia salimos a la calle a preguntarle a la gente sobre los debates presidenciales. Muchos nos contaron que su mayor fuente de información electoral son las redes sociales y sus cuentas predilectas no son de campañas o medios de comunicación; son de influencers. Esto coincide con el último informe de Desinformación electoral en Colombia de IDEA Internacional: los creadores de contenido son un riesgo electoral emergente por la falta de transparencia en su financiación.
Esta preocupación está presente en nuestro proceso electoral: los principales candidatos presidenciales están rodeados de influencers que amplifican sus mensajes, defienden sus posiciones y lideran la conversación pública en redes sociales. Sin embargo, no tenemos una regulación que permita distinguir cuándo estas intervenciones muestran una afinidad política genuina y cuándo hacen parte de una estrategia de campaña financiada o coordinada.
Tanto en Colombia como en otros países, los influencers que comparten información política en tiempos electorales inician creando otro tipo de contenido. En las elecciones de 2021 de Alemania, los influencers cambiaron el contenido que publicaban a medida que se acercaban los comicios: disminuyó la publicidad de productos comerciales y aumentaron los mensajes a favor o en contra de candidaturas. En su mayoría, estos influencers no recibieron pagos por su trabajo; en cambio, los incentivos adoptaron formas menos visibles, como reconocimiento público y cercanía con líderes políticos.
Estas formas de intercambio pueden ser muy variadas y difíciles de rastrear: pagos por publicaciones, contratos de consultoría, promesas de acceso al poder o mayor visibilidad. Algunas pueden quedar registradas en los reportes financieros de las campañas, pero otras se pueden escapar, en parte, porque no hay regulación sobre cómo deben reportarse. Esto hace que las finanzas de las campañas políticas sean menos transparentes y más difíciles de monitorear.
En la Unión Europea, por ejemplo, tienen regulación sobre la participación de influencers en campañas políticas, que obliga a que todo anuncio político, por parte de candidaturas, partidos políticos o influencers, indique claramente que lo es y muestre quién lo financió. En Colombia, aunque la Superintendencia de Industria y Comercio ha emitido lineamientos sobre publicidad e influencers, es solo una guía y no está pensada para la pauta política.
A una semana de la segunda vuelta presidencial, hemos visto cómo los influencers han tenido un rol importante en las campañas políticas, pero no es claro qué tipo de relación tienen con los candidatos, quién financia su contenido político ni cómo deben reportarse estos intercambios en las finanzas de las campañas electorales. Una regulación no implica limitar la libertad de expresión ni prohibir que un creador de contenido opine sobre política, solo que, cuando esa opinión hace parte de una estrategia pagada o coordinada, nosotros tengamos derecho a saberlo.