¡Y ganó El Tigre; enhorabuena! “La papeleta”, como decimos en lenguaje taurino, que ha de resolver el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, el futuro gabinete y todo su equipo de trabajo, en materia laboral, de empleabilidad y seguridad social, será una dura, templadae inteligente lidia.
Antes, hay otras tareas de mayor urgencia que resolver; pero, tanto el aspecto presupuestal - fiscal e inversiones, como este relativo a la productividad de la población económicamente activa, están a continuación de la agenda.
En los primeros cuatro meses de este año, el promedio de la Tasa de Desocupación (TD), se sitúo en un 9.4%, relativamente baja y buena para una economía como la nuestra, aunque la participación de personas activas en el mercado laboral; esto es, la proporción entre quienes trabajan y quienes buscan trabajo, frente aquellos que tienen edad para trabajar, es de las más bajas en la última década. Ello, puede indicar una mayor tendencia a ocupaciones por cuenta propia o emprendimientos, aunque aparejado a la precariedad del ingreso por fuera del sistema de seguridad social.
En ese sentido, preocupan dos fenómenos: el primero, que el crecimiento del empleo formal se ha dado en sectores poco intensivos en captación de fuerza laboral no calificada o medianamente calificada, como son las actividades financieras y de comunicaciones, en contraste con los sectores de alta absorción de mano de obra formal, cuyos puestos de trabajo han sido destruidos y están en terreno negativo, como son las actividades agrícolas, comerciales y del transporte.
El segundo, que sea la administración pública el sector económico que más ha contribuido a la creación de empleo: un sector improductivo, burocrático y volátil.
Luego del irresponsable y populista decreto del nuevo salario mínimo para 2026, sin ninguna consideración a variables de productividad e inflación, aparecen estadísticas de un supuesto incremento de 300 mil empleos formales, al pasar de 3.3 millones de trabajadores que devengaban el mínimo en el último trimestre de 2025, a 3.6 millones en el primer bimestre de este año. Pero tal incremento, sencillamente se explica porque aquellos salarios un poco mayores del mínimo, fueros atraídos o absorbidos por el nuevo valor, y muchos trabajadores sufrieron incrementos paupérrimos al desplazarse o igualarse al valor del nuevo salario mínimo. Otra consecuencia en la empresa privada y en la industria, ha sido ajustar con techos o rangos menores de incrementos salariales, las escalas remunerativas para 2026, haciendo perder capacidad de pago y nivelación con el índice de precios al consumidor (IPC), sobrelos ingresos reales de toda la mano de obra formal que devenga montos mayores al salario mínimo.
Por supuesto,para la empresa privada y la industria, estos ajustes presupuestales eran, apenas, los básicos o elementales para una debida planeación financiera y de mercado en su foto de pérdidas y ganancias (PyG), del año 2026. Para las entidades del Estado, contratistas, burocracia y los presupuestos o subsidios adicionales, esta contabilidad no se tenía en cuenta.
La desproporción en el incremento del salario mínimo, “puso la vara muy alta”, afectando gravemente a los trabajadores informales y por cuenta propia que no alcanzan ese techo regulatorio por sus ingresos, dificultando las cotizaciones a la seguridad social y ampliando, aún más, la brecha entre informales y formales. Consecuencia de ello, el trabajo por días u horas para un gran sector de trabajadores es una realidad hoy, así como la incertidumbre en la renovación o reducción de los contratos a término y una pobre oferta de empleos de calidad.
El nuevo gobierno debe trabajar incansablemente para incrementar la formalidad, cualquiera que sea la dedicación; aliviar la carga impositiva para el empresario y el emprendedor; revisar la indebida injerencia de una facción sindical corrupta en las políticas de desarrollo empresarial; reducir al máximo la enorme carga burocrática inútil, conformar un excelente equipo de trabajo técnico y con experiencia suficiente en el campo de las relaciones laborales y la creación de empleo; finalmente, para evitar futuras payasadas ideológicas, que de manera automática y conforme a la ley, el salario mínimo, las pensiones y los rangos salariales del sector público, obedezcan a una fórmula matemáticadónde las variables productividad laboral, inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), servicio de la deuda, TD y otras, sean las que definan la cifra o porcentaje para un periodo determinado, acabando de una vez por todas, con el convite de vacacionistas de fin de año que integran la costosa “Comisión Permanente de Políticas Salariales..bla, bla, bla.”
Los salarios y prestaciones para el sector privado y la industria los determinará el mercado y la competitividad, respetando los mínimos.
*Economista y Abogado.