Cartagena vive una paradoja que cualquiera que la recorra puede notar en menos de media hora: la ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad, convive con un anillo de asentamientos que crecieron al margen de toda planeación. Según cifras oficiales del Distrito, cerca del 40% del perímetro urbano tiene origen informal. No es una anomalía reciente: es el resultado acumulado de décadas en las que la ciudad formal, avanzó mucho más lenta que la ciudad real, la que se construyó casa por casa, sin licencias ni redes de servicios, en zonas de manglar, de bajamar o de alto riesgo. Ese contraste no es solo un problema urbanístico. Es, ante todo, una cuestión de derecho a la ciudad: la posibilidad real —no solo formal— de que todo habitante acceda a la ciudad que habita en condiciones dignas y seguras.
El dato es elocuente: de las 2.723 hectáreas que el Plan de Ordenamiento Territorial definió en 2001 como suelo de expansión, apenas el 1,7% se desarrolló siguiendo esa planeación formal, mientras que cerca de 844 hectáreas fueron ocupadas de manera informal, buena parte de ellas en zonas de protección ambiental o de riesgo no mitigable. Ese desfase entre lo planeado y lo ocurrido es, en el fondo, la historia urbana reciente de Cartagena.
Frente a esa realidad, el Distrito ha empezado a moverse. Por primera vez, la Alcaldía adelanta la formulación de una Política Pública de Legalización Urbanística de Asentamientos de Origen Informal, con el Concejo Distrital habilitando al alcalde Dumek Turbay para expedir los actos administrativos necesarios hasta 2027. Barrios como Villa Rosa, Policarpa, Puerta de Hierro, Arroz Barato, La Sevillana y varios sectores de Nelson Mandela están entre los priorizados. Se trata de un avance real, pero acotado: la propia política reconoce que no busca legalizar indiscriminadamente, porque los asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable o en suelos de protección ambiental sencillamente no pueden legalizarse sin agravar el problema que pretenden resolver. Ahí aparece la primera tensión jurídica de fondo: cómo garantizar seguridad jurídica y acceso a servicios públicos a miles de familias sin premiar, ni consolidar, la ocupación de ecosistemas que la propia Constitución protege.
Esa tensión solo puede resolverse con un instrumento de planeación actualizado, y ese es precisamente el segundo frente abierto en la ciudad. Cartagena sigue rigiéndose, dos décadas y media después, por el POT adoptado mediante el Decreto 0977 de 2001. La revisión general, largamente aplazada, avanza este mismo año: el nuevo modelo, pensado bajo la lógica de una “ciudad de 15-10 minutos” y de centralidades policéntricas que descongestionen el eje histórico Centro–Bocagrande, debe surtir la concertación ambiental y la consulta con el Consejo Territorial de Planeación antes de llegar al Concejo Distrital, con la meta de que la ciudad arranque 2027 con un nuevo modelo de ordenamiento vigente. Que la legalización urbanística y la actualización del POT avancen en paralelo no es casualidad: sin un POT que reconozca la ciudad real y trace límites claros de expansión y protección, cualquier proceso de legalización corre el riesgo de convertirse en una foto fija de un problema que sigue creciendo.
El tercer elemento, menos discutido pero igual de necesario, es la vinculación del sector privado. La experiencia de otras ciudades colombianas —Bogotá firmó recientemente un pacto con empresas de servicios públicos para intervenir asentamientos informales— muestra que las alianzas público-privadas pueden aportar lo que el presupuesto distrital difícilmente cubre solo: redes de acueducto y alcantarillado, mitigación de riesgo, vivienda de interés social y espacio público. Para Cartagena, con un mercado inmobiliario y turístico de los más dinámicos del país, el reto es diseñar estos esquemas con reglas claras: contraprestaciones urbanísticas atadas a los nuevos desarrollos formales, cesiones obligatorias destinadas a mejoramiento integral de barrios, y veeduría ciudadana que evite que la alianza termine beneficiando al inversionista sin resolver el déficit de la población más vulnerable. El derecho urbanístico ofrece herramientas —plusvalía, obligaciones urbanísticas, macroproyectos— que la ciudad apenas ha empezado a usar con esa intención redistributiva.
Pero ningún instrumento normativo suplirá lo que está en juego en los territorios mismos. La orilla de la Ciénaga de la Virgen es, quizá, el ejemplo más doloroso de esta disputa entre patrimonio natural y urbanización irregular: la Dirección General Marítima ha registrado más de 300 reportes de ocupación desde el año 2000, casi 250 de ellos solo en la última década, con rellenos ilegales que han arrasado miles de metros cuadrados de manglar en sectores como La Boquilla, Tierra Baja y Puerto Rey. La Procuraduría ha tenido que exigirle informes al Distrito, y las autoridades reconocen que buena parte de esas invasiones responde a estructuras organizadas que instrumentalizan a población vulnerable, invocando supuestas posesiones ancestrales sobre bienes de uso público que, por ley, son inalienables e imprescriptibles. En el cerro de La Popa el patrón se repite con otro riesgo: decenas de viviendas y cambuches se extienden sobre laderas de remoción en masa, cerca del Salto del Cabrón, sin acueducto ni alcantarillado formales. En ambos casos, lo que hoy se lee como “barrio marginal” fue, y sigue siendo, un tesoro ambiental y paisajístico de la ciudad: un ecosistema que amortigua inundaciones y protege biodiversidad, y una elevación con valor histórico y simbólico para Cartagena.
El derecho a la ciudad no es una consigna abstracta: es el derecho de todo cartagenero a habitar, usar y decidir sobre la ciudad que le pertenece, sin que eso signifique sacrificar los ecosistemas y los bienes públicos que también son de todos. Legalizar sin ordenar es aplazar el problema; ordenar sin legalizar es ignorar a miles de familias que ya son parte de la ciudad; y hacer ambas cosas sin el sector privado como aliado —y sin control ciudadano sobre esa alianza— es apostarle a un esfuerzo que el presupuesto público no podrá sostener solo. La actualización del POT que se discute este 2026 es, en ese sentido, la oportunidad más importante que ha tenido Cartagena en veinticinco años para alinear estos tres frentes. Dejarla pasar sin resolver de fondo la tensión entre ocupación informal, protección ambiental y vivienda digna sería, sencillamente, seguir posponiendo la deuda que la ciudad tiene con su propia gente.