Colombia mantiene tres diferendos pendientes de resolución con tres países fronterizos: Venezuela, Nicaragua y Perú. Corresponderá al excelente economista y académico, el vicepresidente electo de la República, Jose Manuel Restrepo, examinar las vías diplomáticas a corto y mediano plazo para lograr acuerdos con los Estados mencionados, con el fin de salvaguardar los indeclinables y sagrados derechos territoriales y marítimos de nuestro país. El primer diferendo es con Nicaragua, derivado de la inamistosa demanda de la Patria del poeta modernista Rubén Darío ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de los fallos inejecutables de este órgano que desconocieron parcialmente los efectos jurídicos del Tratado Esguerra - Bárcenas de 1928, y concretamente asignaron zonas marítimas que conforme al límite fijado por el Acta de Canje de Ratificaciones de 1930, pertenecen a Colombia, límite que llega hasta el meridiano 82 oeste de Greenwich. Estas decisiones de la CIJ son inejecutables por dos razones principales que están consignadas en un libro de mi autoría, acogido en un grueso volumen con aportes jurídicos de varios autores, editado en 2005 por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Una razón de fondo es que no se puede desconocer la citada Acta de Canje, la cual es parte integral del Tratado con Nicaragua de 1928, porque ello vulnera la regla de oro del derecho internacional público: Pacta sunt servanda, los pactos o tratados celebrados y ratificados son sagrados. Y la segunda razón por la cual es inejecutable la decisión de la CIJ es el Artículo 101 de la Constitución de 1991, que inequívocamente prescribe que los límites territoriales y marítimos del país solo se pueden variar por tratados internacionales y laudos arbitrales, y no por una sentencia de magistrados extranjeros domiciliados en La Haya (Holanda ).
El segundo diferendo de grande importancia para los intereses jurídicos y económicos de Colombia se refiere a los derechos de nuestro país sobre parte del Golfo de Coquivacoa o de Maracaibo, en contra de la tesis inexistente e inválida de algunos abogados y políticos del hermano país, quienes sostienen que la costa de La Guajira limítrofe con el mencionado golfo es una “costa seca” que no genera derechos. Durante el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo se avanzó con la asesoría del jurista Carlos Gustavo Arrieta (padre), mediante varias reuniones bilaterales donde se construyeron algunas hipótesis jurídicas y diplomáticas para lograr una solución del diferendo, como la hipótesis de Caraballeda. Desde entonces duerme en algún cajón de la Cancillería esta importante materia, que el Presidente electo Abelardo De La Espriella podría revivir con la mediación de Estados Unidos, conducente a que Colombia pueda explotar conjuntamente con Venezuela y eventualmente con inversionistas de Estados Unidos u otro país, el petróleo, gas y los recursos vivos y no vivos de la parte del golfo que le corresponde.
El tercer diferendo no tiene la importancia mayor de los anteriores y es el referente a la pequeña isla fluvial Santa Rosa, de 27 kilómetros cuadrados, que emergió en una zona del Río Amazonas y la cual controla de facto el Perú, sin que exista un tratado que le asigne ese territorio.