En un entorno definido por crisis climáticas recurrentes, transiciones demográficas y la acelerada adopción de la Inteligencia Artificial y tecnologías disruptivas, la formulación de políticas públicas requiere metodologías basadas en la evidencia que superen los enfoques puramente reactivos. Hoy, la viabilidad del desarrollo nacional depende de la capacidad de anticipación de sus instituciones. El asesoramiento científico legislativo ha pasado de ser una herramienta de consulta opcional a convertirse en una salvaguarda democrática global y pilar de la gobernanza del siglo XXI.
A nivel internacional, somos testigos de un cambio de paradigma histórico. A través de alianzas entre el Consejo Internacional de Ciencias (ISC) —organización global con sede en París que coordina a más de 250 uniones científicas y academias nacionales— y ParlAmericas —que promueve la diplomacia en las 35 legislaturas del sistema interamericano—, vemos que los parlamentos ya no demandan datos aislados del pasado. Buscan en la ciencia un mapa de navegación prospectivo para diseñar leyes resilientes y adaptativas.
Colombia se sitúa hoy en la vanguardia de este movimiento. El Punto Focal Regional del ISC —albergado en Bogotá por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN)— ejecuta un proyecto piloto con el Congreso de la República. Este esfuerzo responde a la visión de Estado del Senador Guido Echeverry y los Representantes Jennifer Pedraza y David Racero, impulsores del Proyecto de Ley No. 081 de 2025 Cámara.
Esta iniciativa busca modificar la Ley 5ª de 1992 para crear la Comisión Legal para la Ciencia, Tecnología, Innovación y Estudios de Futuro. El objetivo central de nuestro proyecto piloto es defender la viabilidad de esta nueva comisión, demostrando, a través del trabajo de expertos, cómo el conocimiento científico producido en el país puede ponerse al servicio de la sociedad. Aspiramos a dotar al Congreso de una brújula técnica, transversal y no partidista que aporte evidencia y prospectiva estratégica a la toma de decisiones y a la gobernanza anticipatoria, siguiendo el ejemplo de otros países del mundo.
Como resultado directo de este esfuerzo conjunto, durante el segundo semestre de 2026 entregaremos en mano al Congreso de la República los primeros siete (7) documentos analíticos con recomendaciones técnicas seguras ante megatendencias globales. Estas hojas de ruta proporcionarán insumos estratégicos en áreas de alto impacto socioeconómico: la gobernanza y geopolítica del litio, la seguridad hídrica, la transición energética justa y el impacto de la automatización en el empleo. Con ello, buscamos blindar las decisiones nacionales de los ciclos políticos de corto plazo y garantizar la sostenibilidad del país.