La decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de establecer a Barranquilla como sede alterna de la Presidencia de la República ha despertado una incomodidad que dice más sobre el centralismo colombiano que sobre la ciudad elegida. Durante los próximos cuatro años, parte de las decisiones políticas del país dejarán de tomarse exclusivamente desde el altiplano cundiboyacense para comenzar a discutirse al nivel del mar, con el río Magdalena de testigo. Es cierto que el traslado de una sede presidencial no constituye, per se, una verdadera descentralización administrativa, pero sí representa un poderoso símbolo: rompe la idea de que Colombia solo puede gobernarse desde Bogotá.
Las críticas no se hicieron esperar. El exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, afirmó, de manera despectiva, que Abelardo había escogido “la ciudad más “puppi” de Colombia” para gobernar. Sin embargo, olvida que Bogotá ha sido el escenario de una élite que, durante décadas, ha concentrado el poder político y económico entre los salones del Club El Nogal y los pasillos de la burocracia nacional. Han llegado a decir que Barranquilla es la cuna de la corrupción, como si el Carrusel de la Contratación hubiera nacido entre una ronda de ron en “La Troja”, un sábado de Carnaval, y no entre oficinas públicas y escritorios oficiales de la fría Bogotá. La corrupción no tiene acento costeño ni cachaco, pero la historia demuestra que algunos de sus episodios más vergonzosos tuvieron como epicentro la capital del país.
También se ha cuestionado que el presidente deje de despachar desde la Casa de Nariño. Sin embargo, las democracias modernas hace tiempo entendieron que la fortaleza institucional no depende del edificio donde trabaja un mandatario. En países como Chile, Argentina, Uruguay, Suiza y Australia, las sedes históricas del poder cumplen un importante papel patrimonial y muchas están abiertas al público como museos, mientras que los gobiernos funcionan desde otros espacios. Colombia también debería empezar a comprender que las instituciones son más importantes que los muros que las albergan y que la Casa de Nariño puede conservar todo su valor histórico, sin ser el único lugar desde donde se ejerza el poder.
Durante décadas, las grandes decisiones nacionales se han tomado desde el frío de la Sabana, muchas veces sin escuchar la realidad de las costas, los llanos, la Amazonía, el Pacífico y las demás regiones que sostienen el país. Trasladar una sede presidencial no resolverá, por sí solo, el problema del centralismo, pero sí rompe un viejo blindaje del centralismo y envía un mensaje claro: el país no termina en Bogotá. Quizá ha llegado la hora de que Colombia comience a pensar y a gobernarse más cerca de sus regiones. Tal vez ese sea el verdadero significado de pasar del altiplano a Bocas de Ceniza.