“La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho.”
— Ulpiano
La rama judicial, uno de los tres poderes públicos que, aunque independientes, deben funcionar en forma armónica con las ramas ejecutiva y legislativa, atraviesa hoy —vale la pena decirlo sin ambages— un momento de zozobra que amenaza con convertirla, una vez más, en la rama seca del Estado. Esa frase, repetida hasta el cansancio en la historia institucional colombiana, vuelve a resonar en los primeros días de este gobierno que comienza.
No se avizoran avances; más bien, retrocesos. Para la vigencia de 2026, el presupuesto de la rama judicial sufrió un recorte de 695 mil millones de pesos, sumado a una reducción previa de 4,4 billones frente a la solicitud inicial de 16 billones. La tijera afectó a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a los planes de descongestión, y frenó la creación de cargos para la naciente jurisdicción agraria y rural.
En ese contexto llega el nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella, quien en su discurso de posesión —el 7 de agosto, desde el Batallón Pichincha, en Cali— anunció la construcción de megacárceles “destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”. Es una medida que exigirá años de ejecución y cuantiosos recursos, con el riesgo de terminar compitiendo por presupuesto con la inversión social y con el aparato judicial.
El mandatario también dirigió su mirada a la Jurisdicción Especial para la Paz, al advertir que la justicia no puede ser un mecanismo de indulgencia para quienes cometieron delitos atroces, sin detenerse en el trabajo serio que esa jurisdicción ha adelantado, reconocido por organismos nacionales, internacionales, víctimas y comparecientes. El propio ministro de Justicia designado, Iván Cancino, se ha expresado en términos igualmente críticos. El presidente fue enfático en que revisará “con absoluto rigor” su naturaleza y efectos.
Insistió, además, en dotar de mayores garantías procesales a la fuerza pública en sus operaciones, mientras confirmó que da por agotada la vía del diálogo con los grupos armados. A veces conviene atender lo que se calla, más que lo que se declara: el anuncio de acabar por decreto con la corrupción crea cierta “confusión” institucional, se recuerda, por su vaguedad, aquella fórmula ya conocida de un expresidente que prometió reducir la corrupción “a sus justas proporciones”.
Siguió con el anuncio del congelamiento del gasto público; unas de sus medidas concretas tiene que ver con el cierre de 14 embajadas, entre ellas Cuba y Nicaragua, y 15 consulados, y, paradójicamente, el fortalecimiento de otras sedes, como la de Israel. También quedó anunciada una reforma tributaria de fondo: se eliminará el impuesto al patrimonio, lo que abre la pregunta de si será la clase media la llamada a asumir las nuevas cargas que compensen ese alivio a las grandes fortunas.
Por último, el presidente retomó la idea de una cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y mujeres. Convendría recordarle que en Colombia existen límites constitucionales claros frente a esa pena, y que toda reforma en ese sentido deberá transitar por el estrecho cauce de la Carta de 1991.
Es mi deber reconocer que el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, acierta en algunas de las decisiones que propone tomar. No obstante, no se comparte que se establezca, como él lo plantea, siguiendo a De la Espriella, una veeduría estricta y crítica frente a los resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se recuerda, que ese trabajo ya ha sido extensamente decantado por organismos nacionales e internacionales, dándole al país resultados muy positivos.
En su hoja de ruta, el ministro también plantea modificaciones al papel de los procuradores en los procesos penales y reformas al código de procedimiento, entre ellas la eliminación de la audiencia de formulación de imputación. Igualmente, deja entrever la posición del gobierno a favor de endurecer las penas para los adolescentes que cometan delitos graves.
Lo anterior está bien, siempre que el primer mandatario y el ministro de Justicia tengan presente que estas decisiones deben encauzarse mediante reformas legales o constitucionales, que requieren un enorme respaldo legislativo, donde los partidos de oposición están llamados a jugar un papel reflexivo y responsable, bajo el entendido de que a nuestra patria la guía una Constitución Política, con unos principios cardinales, como son el de la dignidad humana y la búsqueda de un orden justo y pacífico, basado en la equidad y la protección de los derechos fundamentales.
Finalmente, frente al Estado de derecho, vale la pena recordar que las instituciones democráticas no se defienden únicamente desde el poder: se defienden también desde la ciudadanía y, reitero, desde una oposición seria y vertical, con la convicción de que ningún gobierno puede estar por encima de la Constitución.