¿Qué cambia cuando una manifestación cultural es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación? Durante décadas, portadores, hacedores, investigadores y ciudadanos trabajaron para que las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre alcanzaran ese reconocimiento; sin embargo, el debate sobre el Proyecto de Acuerdo 110 de 2026, con el que la Alcaldía de Cartagena busca crear un ente administrador de las fiestas, deja una enseñanza: la declaratoria no representa el final de un proceso de reconocimiento, sino el comienzo de un régimen de responsabilidades para el Estado, una enseñanza para todos los actores, incluidos quienes orientan la política pública.
Durante mucho tiempo se ha entendido el patrimonio como una distinción honorífica y funcional: un diploma que se exhibe, un insumo de la competitividad. En Cartagena, incluso, el patrimonio inmaterial se ha reducido a un espectáculo exótico para el consumo turístico; pero el patrimonio cultural inmaterial no existe para adornar una ciudad; existe para proteger prácticas, saberes y formas de organización social que una comunidad considera esenciales para su continuidad histórica.
La declaratoria cambia esa perspectiva. Cuando una manifestación entra a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, entra en vigor un régimen de salvaguardia. El Plan Especial de Salvaguardia deja de ser una recomendación técnica para convertirse en un instrumento de las decisiones públicas sobre la manifestación. En otras palabras, las políticas, reformas institucionales y modelos de gestión posteriores deben ser compatibles con ese marco de salvaguardia.
La diferencia es profunda. Una cosa es preguntarse cómo organizar unas fiestas; otra, cómo proteger aquello que las hace posible. Organizar implica gestionar recursos y coordinar actividades. Salvaguardar significa garantizar que portadores y hacedores sigan siendo protagonistas de una tradición que crean, recrean y transmiten de generación en generación.
¿Qué se preferirá: Bad Bunny o el Carnaval de San Diego? Confundir ambos planos conduce a creer que el patrimonio puede administrarse como cualquier otro servicio público, cuando en realidad exige un modelo de gobernanza centrado en la comunidad festiva, no en las instituciones.
Las fiestas no pertenecen al Estado ni al gobierno de turno. La declaratoria convierte al Estado en garante de su salvaguardia, no solo en organizador de eventos. Por eso, la discusión ya no consiste en quién organiza las fiestas, sino en si las decisiones adoptadas preservan aquello que las hizo dignas del reconocimiento nacional. Ese es el nuevo significado del patrimonio.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
*Profesor de la Escuela de Negocios, Leyes y Sociedad, UTB.