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Columna

El turismo que Colombia debe construir

“La riqueza ya la tenemos, el patrimonio también. Lo que sigue faltando es la decisión colectiva de convertir ese privilegio en empleo formal, desarrollo social, conservación ambiental y prosperidad...”.

Rodrigo Maldonado

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Colombia inicia una nueva etapa política. Con ella surge una oportunidad histórica: convertir el turismo en una verdadera política de Estado.

Cartagena, Barú y la zona insular poseen un patrimonio natural, histórico y cultural que pocos destinos del Caribe pueden ofrecer; sin embargo, ese enorme potencial aún no se traduce plenamente en bienestar para las comunidades que viven en estos territorios.

El problema no es la falta de turistas.

El problema es la ausencia de un modelo de desarrollo. Durante años el debate se ha reducido a una falsa elección entre inversión o comunidad, conservación o desarrollo. Mientras tanto, la informalidad empresarial y laboral continúa ocupando el espacio que debería estar reservado para un desarrollo ordenado, generando escaso valor agregado, poco empleo formal y un creciente deterioro ambiental.

Colombia necesita abrir una discusión distinta, no sobre la privatización de las playas, sino sobre la utilización responsable de los bienes públicos mediante concesiones transparentes, temporales y estrictamente reguladas. Concesiones donde el Estado conserve plenamente la propiedad de los bajamares y del litoral, pero exija inversión, protección ambiental, infraestructura, empleo formal y una participación real de las comunidades en los beneficios del desarrollo.

La inversión responsable no solo construye hoteles, construye futuro, genera empleo desde el primer día de la obra para ingenieros, arquitectos, técnicos, obreros, transportadores y proveedores. Dinamiza la economía regional, fortalece el tejido empresarial y crea oportunidades que la informalidad nunca podrá ofrecer; pero, al mismo tiempo, debe financiar saneamiento básico, manejo de residuos, recuperación ambiental y mejores condiciones de vida para las comunidades que históricamente han protegido estos territorios.

Ese debería ser uno de los grandes propósitos del nuevo Gobierno Nacional, de las autoridades locales y del sector privado: construir un modelo donde el desarrollo turístico no signifique apropiación del espacio público, sino una alianza entre Estado, comunidades e inversión para transformar riqueza natural en bienestar colectivo.

No necesitamos más diagnósticos, necesitamos reglas claras, necesitamos continuidad institucional, necesitamos una política de Estado que piense en las próximas generaciones y no únicamente en los próximos períodos de gobierno.

La riqueza ya la tenemos, el patrimonio también. Lo que sigue faltando es la decisión colectiva de convertir ese privilegio en empleo formal, desarrollo social, conservación ambiental y prosperidad para quienes han llamado a estos territorios su hogar durante generaciones; porque el verdadero éxito del turismo no se mide por el número de visitantes, se mide por la calidad de vida que deja en el territorio.

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