Existen dolores a los cuales la sociedad no debería acostumbrarse, tal como ocurre con las víctimas de enfermedades mentales: miramos para otro lado cuando aparecen seres humanos, revestidos con todos sus derechos constitucionales, durmiendo profundamente sobre pretiles o matorrales, disputándole espacio a basuras y perros callejeros, desnudos o envueltos en harapos, huérfanos de todos sus derechos.
Detrás de cada uno de ellos existen familias destrozadas, corazones de madres vueltos añicos, hijos y hermanos impotentes mientras ese espectáculo dantesco los vuelve invisibles, víctimas de enfermedades mentales, mientras el Estado se lava las manos descargando semejante responsabilidad a sus enclenques familias.
Desde cuando apareció la ‘Desintoxicación psiquiátrica’ clausuraron los llamados ‘Manicomios’, donde, sin duda, vulneraban derechos fundamentales. Aquella decisión de política pública fue considerada, administrativa y económicamente correcta, pero la cruda realidad se convirtió en hecatombe familiar: quedaron a la deriva miles de pacientes, monumental retroceso contra la dignidad humana implantado por la polémica Ley 1616 de 2013 o Ley de Salud Mental, con el disfraz de eliminar el arcaico concepto de ‘manicomio’, estructuralmente modificado mediante Ley 2460 de 2025, convirtiendo en cenizas obligaciones constitucionales: una cosa pretendía la ley; otra, muy distinta, ocurrió realmente y Cartagena no fue excepción, donde se debería también salvaguardar el patrimonio inmaterial más importante: el ser humano, su dignidad, sin importar situación socio-económica y procedencia, evitando que enfermedades mentales y adicción a drogas sicotrópicas condenaran para siempre a sus familias.
Cerrar ‘manicomios’ constituyó un avance civilizado, dejar sin soluciones alternativas a quienes necesitan atención psiquiátrica prolongada, gigantesco retroceso humanitario: pretiles de Cartagena y de todas las ciudades del país, repletos de seres humanos sin ahora y sin mañana, lo que constituye una dolorosa realidad que nuestros legisladores no previeron, otorgando máxima importancia a la contabilidad mezquina con el ser humano y sus familias, irremediablemente destrozadas.
Cartagena debería reafirmar su nobleza rindiéndole honores a la dignidad humana, brindando tratamientos intramurales a los habitantes de calle en situación de deterioro irreversible. Bastaría escuchar a madres angustiadas con lágrimas de impotencia buscando en aceras y basureros al fruto de sus entrañas, con el mismo dolor de María Santísima ante su hijo crucificado.
Cartagena de Indias está en mora de acometer la construcción y dotación de un hospital público de salud mental, autosostenible, mediante una alianza público-privada, siguiendo ejemplos exitosos en Bogotá, Antioquia, Bucaramanga, Cúcuta.
El Distrito posee predios en Bayunca como mandados a ser para edificar nuestro Hospital Mental, ofreciendo servicios especializados: urgencia, hospitalización mediana y larga estancia, con respaldado económico de las EPS, obligadas a sufragar gastos ocasionados por tratamientos integrales, sin anteponer barreras de acceso, garantizando el funcionamiento asistencial científico, académico y humanitario de crisis y adicciones, procurando rehabilitación psico-social a través de equipos interdisciplinarios especializados, capaces de acompañar al paciente y su familia hasta reincorporarlos a la sociedad.
Consulta externa y domiciliaria, todo respaldado por normas que reconocen la salud mental como DERECHO INVIOLABLE, obligando al Estado, en todos sus niveles, a brindar atención de primerísima calidad científica y humanizada, trasformando tragedias en exitosas políticas públicas.
No se trata de volver al pasado reabriendo ‘manicomios’, sino de construir Hospitales de Salud Mental con luces del siglo XXI, sometidos a estrictos protocolos médicos, enmarcados en Derechos Humanos. Exaltamos y agradecemos la acogida que el doctor Rafael Navarro España, director del Dadis, dio a la propuesta del Colegio Médico Colombiano - Capitulo Bolívar, del cual funjo como presidente, para llevar al alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, esta propuesta escrita con lágrimas de sangre derramadas por familias inermes ante el deterioro irremediable de seres queridos, por fuerzas superiores al peor de los terremotos.