En las últimas semanas he venido planteando algunas reflexiones sobre las leyes especiales expedidas para Cartagena y sobre lo que he denominado sus “competencias dormidas”: atribuciones que la Constitución y la ley han reconocido a nuestros territorios, pero que muchas veces encuentran dificultades para convertirse en decisiones y realizaciones concretas.
Por eso resulta oportuno mirar con atención el Proyecto de Ley Orgánica 161 de 2026 Senado, radicado el 11 de agosto de 2026 ante el Congreso, que busca dar un paso trascendental: convertir la actual Región Administrativa y de Planificación del Caribe —RAP Caribe— en una Región Entidad Territorial —RET Caribe—.
La diferencia es importante. La RAP es el esquema regional que existe actualmente para promover la planificación y articulación entre los departamentos. La RET que propone el proyecto daría un paso adicional: sería una entidad territorial con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, integrada por Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
El problema no es equivocarse, es que no dejamos hacerlo
John Linares GómezQue se tramite mediante una ley orgánica tampoco es un detalle menor. En términos sencillos, se trata de una categoría especial de leyes prevista por la Constitución para regular, entre otras materias, aspectos fundamentales del ordenamiento territorial, y cuya aprobación exige la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
El proyecto apenas inicia su trámite y deberá superar un amplio debate legislativo. Además, la conversión de la RAP Caribe en RET Caribe deberá perfeccionarse mediante el referendo previsto en el artículo 307 de la Constitución, para que la Región llegue efectivamente a constituirse. Pero desde ahora pone sobre la mesa una discusión que considero fundamental: cómo pasar de una descentralización reconocida en las normas a una descentralización con competencias, recursos e instrumentos reales.
Para Cartagena y Bolívar su importancia no radica en que contenga una lista particular de obras para nuestro territorio, porque no la contiene. Su verdadero valor puede estar en la arquitectura institucional que propone.
La iniciativa contempla competencias para formular y promover proyectos estratégicos de impacto regional, desarrollar infraestructura productiva y priorizar inversiones en conectividad, logística y servicios públicos, coordinando actuaciones entre la Nación, los departamentos, distritos y municipios.
También permite que la futura Región pueda ejercer funciones delegadas por el Gobierno Nacional o por los departamentos y abre, bajo determinadas condiciones, la posibilidad de asumir de manera descentralizada competencias de entidades nacionales.
Este último aspecto merece especial atención.
En mi anterior reflexión sobre las “competencias dormidas de Cartagena” señalaba precisamente que muchas veces el problema no consiste en que la ciudad carezca de competencias, recursos o voluntad, sino en las dificultades que encuentra para ejercerlas cuando sobre una misma decisión confluyen trámites y actuaciones de diferentes niveles del Estado.
La futura RET Caribe podría convertirse en un nuevo escenario para facilitar esa coordinación.
El proyecto contempla además competencias concurrentes en asuntos como planeación y ordenamiento territorial, servicios públicos, vivienda, desarrollo rural y adaptación al cambio climático. Son problemas que por su naturaleza muchas veces superan las fronteras de un municipio o incluso de un departamento.
Cartagena conoce bien esa realidad.
Nuestra condición de Distrito Especial, Turístico y Cultural; nuestra actividad marítima y portuaria; el patrimonio histórico; las playas y ecosistemas, y nuestra vocación turística hacen que sobre un mismo territorio confluyan permanentemente competencias distritales, departamentales y nacionales.
Por eso he sostenido que Cartagena necesita una agenda que vaya más allá de solicitar obras y recursos. Necesita también una agenda de autonomía, descentralización y mejor coordinación institucional.
En ese sentido resulta interesante que el proyecto cree una instancia para prevenir y resolver controversias intergubernamentales relacionadas precisamente con competencias, financiación y ejecución de proyectos regionales.
Y está, naturalmente, el tema de los recursos.
Una descentralización sin financiación corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones. El proyecto reconoce autonomía presupuestal y financiera a la futura Región y contempla diferentes fuentes de financiación, entre ellas participaciones de los ingresos corrientes de la Nación, recursos del Sistema General de Regalías, cooperación, recursos propios y crédito público.
Todo esto deberá discutirse y seguramente perfeccionarse durante el trámite legislativo. La RET Caribe no sustituiría a Bolívar ni a los demás departamentos, ni debería disminuir la autonomía de Cartagena como Distrito Especial. El propio proyecto parte del respeto por las competencias de departamentos, distritos y municipios. La idea debe ser sumar capacidad regional para aquellos asuntos que podemos resolver mejor conjuntamente que actuando cada territorio por separado.
Por eso Cartagena y Bolívar deberían participar activamente desde ahora en esta discusión.
Nuestra bancada parlamentaria, la Gobernación, el Distrito, las universidades, los gremios y las organizaciones sociales podrían identificar qué proyectos estratégicos y qué competencias de nuestro territorio podrían encontrar en una futura RET Caribe un instrumento adicional de coordinación, financiación y ejecución.
Esta discusión permite, además, continuar una secuencia que considero importante para Cartagena.
Primero hemos hablado de leyes especiales que existen y que todavía deben desarrollarse y cumplirse plenamente.
Después hablamos de competencias que ya fueron reconocidas, pero cuyo ejercicio todavía encuentra obstáculos y limitaciones.
Ahora aparece una tercera dimensión: una nueva herramienta regional que podría ayudar a coordinar competencias, gestionar recursos y ejecutar proyectos que superan las fronteras de una sola entidad territorial.
Leyes que deben cumplirse
Competencias que deben ejercerse.
Y ahora una Región que podría ayudar a convertir ambas cosas en resultados.
La RET Caribe apenas comienza su camino. Precisamente por eso este es el momento de estudiarla, enriquecerla y participar en su construcción.
Si logra consolidarse con competencias reales, recursos suficientes y verdadera capacidad de ejecución, podría convertirse en una oportunidad para que Cartagena, Bolívar y todo el Caribe tengan mayor capacidad para decidir y construir su propio desarrollo.
Después de todo, de eso se trata la verdadera descentralización.