El Congreso aprobó una ley que blinda el mérito en el acceso a los cargos públicos. Se trata de una iniciativa que pretende regular la modificación de los requisitos para acceder a cargos directivos del sector público y de empresas con participación estatal del orden nacional, facilitando que jóvenes, mujeres calificadas y talentosas y ciudadanos de las regiones apartadas, puedan competir en igualdad de condiciones por un puesto. El trámite se surtió con el rigor que exige la Constitución ante el Senado y la Cámara.
Se recuerda, la Corte Constitucional se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre el concurso de méritos, siendo delicado, como se verá, la disyuntiva que atravesamos, por el sistema de pesos y contrapesos. Ya lo advertía Cicerón: “Somos siervos de las leyes, para poder ser libres”. Colombia,se relieva, es un Estado de derecho, en ese marco, Abelardo De La Espriella, objetó el proyecto, en ejercicio de sus legítimas atribuciones.
Se trata de la iniciativa, donde es ponente el senador Hernán Cadavid. El presidente del Senado, los congresistas del Centro Democrático y unas decantadas mayorías, no formularon reparo alguno. Cuando el proyecto llegó a la Casa de Nariño, Abelardo De La Espriella lo objetó, alegando invasión de competencias al Ejecutivo y riesgo de petrificación legislativa. La negativa, para Cadavid, resultó sorpresiva y desconcertante. El asunto vuelve ahora a la Cámara y al Senado. Si los congresistas insisten, deberá remitirse de nuevo a De La Espriella; si este vuelve a negar la sanción, la Constitución autoriza al presidente del Senado, Honorio Henriquez, del Centro Democrático, para firmar la ley en su lugar.
Es delicado lo que estamos analizando, parecer ser que controversias de este tipo, se están convirtiendo en una lucha de egos, en vez de una oportunidad para que los funcionarios le demuestren al país que las instituciones marchan al unísono y que la sensatez prima sobre los juegos estratégicos. La democracia no está hecha para que todos estén de acuerdo, pero sí exige que cuando existan discordancias, se ofrezcan argumentos sólidos para sustentar lo que se legisla o lo que se objeta.
Ahora el Congreso, se reitera, deberá decidir si insiste en el proyecto original, lo archiva o negocia una versión ajustada. Cadavid sostiene que la norma fue trabajada con esfuerzo para proteger el mérito, que la objeción era innecesaria e inconveniente, y que en la nueva discusión, luchará firme, para defenderla.
Queda entonces la pregunta de fondo: si la decisión de De La Espriella obedece a una genuina falta de sensatez, o si responde a una estrategia, para hacerse a un liderazgo unilateral dentro de la derecha, buscando distanciarse del Centro Democrático y del señor Álvaro Uribe Vélez. De confirmarse esta lectura, el país estaría presenciando, no un debate de mejores argumentos, sino más bien una disputa de liderazgos, donde los perdedores serán las instituciones, las leyes y el pueblo en general.