Resulta extraño que alguien recuerde cuál fue el último día en que no tuvo en frente una cámara. Están en todos lados: en los computadores, en los teléfonos, en cada esquina de un edificio, en los semáforos y en las vías. Estas últimas, sin embargo, tienen por objetivo nuestra protección en un lugar de tránsito colectivo y de gran riesgo: las vías.
Las cámaras de fotodetección registran evidencias de potenciales infracciones de tránsito que en el día a día se llevan la vida o comprometen la salud de centenares de personas en el país. Exceso de velocidad u omisión del aviso de semáforo en rojo son algunas de las prácticas riesgosas, y mortales, que disuaden las cámaras salvavidas mediante la imposición de una multa. Esto así ha sido demostrado por la evidencia internacional y nacional. Por ejemplo, en Bogotá, se ha registrado una disminución entre el 18,2% y el 33,1% en siniestros con fallecidos alrededor de las cámaras.
La ubicación de estas responde a niveles de riesgo en la zona, historial de siniestralidad e infracciones y voluntades políticas. En Cartagena, por ejemplo, el alcalde ha señalado la restricción de las cámaras salvavidas. La preocupación que genera esta decisión se agrava al considerar que, a junio de 2026, Cartagena presentaba un alarmante aumento del 37% de fallecimientos a causa de siniestralidad vial, en comparación con lo registrado el año pasado en esta misma fecha del año. Desmontar o restringir una de las medidas que contribuye a la seguridad vial de los cartageneros puede empeorar aún más este panorama.
En Colombia existen múltiples falencias dentro del sistema necesarias de revisar; los estándares para la localización, la transparencia en el recaudo, la rendición de cuentas o la proporcionalidad en la multa son solo algunas de ellas. Sin embargo, no podemos perder de vista que la efectividad de esta medida tiene un costo valuable e invaluable en la contribución a reducir el costo en vidas, en el elevado valor material inmediato que debe asumir una persona cuando ocurre un siniestro, en la carga en el sistema de salud o en lo dejado de recibir ante posibles limitaciones de trabajo a causa de un siniestro.
Ahora, las cámaras salvavidas disuaden y reducen los siniestros, pero operan dentro de un sistema vial complejo. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la fiscalización automatizada de la velocidad representa solo una de las herramientas que una estrategía integral de control de la velocidad y, en general, de seguridad vial, requiere. Límites a la velocidad, infraestructura adecuada, comunicación pública, pedagogía y seguimiento de resultados serán medidas fundamentales para interferir realmente en la seguridad de los diversos usuarios en la vía.
Al final, políticas que permitan mitigar riesgos, como las cámaras salvavidas, serán las que concedan una movilidad digna en un espacio que compartimos todas y todos. Exigir su perfeccionamiento e implementación efectiva y transparente será la clave.
Investigadora de justicia económica en Dejusticia