Para quien nunca ha servido a bordo de un buque de guerra, puede parecer que un barco es simplemente una estructura de acero capaz de navegar. Para un marino, no lo es.
Un buque de guerra es mucho más que acero, máquinas, radares, armas y compartimentos. Es una parte de la soberanía nacional que se hace a la mar. Es la bandera de Colombia ondeando lejos de nuestras costas. Es la responsabilidad de una tripulación que sabe que, llegado el momento, puede tener que defender al país. Es también el resultado de años de preparación, disciplina, sacrificio y tradición naval.
Por eso, para un marino resulta difícil imaginar que un buque concebido, construido y tripulado para defender la soberanía pueda terminar convertido en una cárcel flotante. No porque los delincuentes no deban ser aislados. Deben serlo. No porque el Estado no deba emplear todos los medios legales para impedir que los grandes capos continúen manejando sus organizaciones desde prisión. Debe hacerlo.
Sino porque existe una diferencia profunda entre utilizar un buque para una operación de seguridad marítima y convertirlo en una instalación penitenciaria.
Cuando un buque de guerra sale a navegar, su misión tiene un sentido. Está allí para ejercer presencia, vigilar, disuadir, proteger nuestros mares y nuestros recursos naturales y, si las circunstancias lo exigen, combatir.
Un marino mira ese buque y ve en él una historia. Ve generaciones de hombres y mujeres que aprendieron a navegar en sus cubiertas. Ve noches de guardia, mares difíciles, amaneceres en alta mar, ejercicios, maniobras y largas ausencias de la familia. Ve la tradición de una institución que durante generaciones ha llevado la bandera colombiana por nuestros mares.
Por eso, ver un buque de la Armada transformado en cárcel produciría en muchos marinos algo más profundo que una simple discrepancia administrativa: produciría la sensación de que se está desdibujando aquello para lo cual ese buque fue concebido y para lo cual ha recibido una educación y entrenamiento.
La Armada tiene muchas misiones que cumplir y muchas amenazas que enfrentar.
Nuestros mares no están vacíos de problemas. Allí están el narcotráfico, la pesca ilegal, el contrabando, la explotación ilícita de los recursos, la protección del medio marino, la seguridad de nuestras costas y la necesidad permanente de ejercer presencia soberana en un territorio marítimo inmenso.
Colombia necesita que sus buques estén navegando. Necesita que sus tripulaciones estén entrenadas. Necesita que su Armada conserve y fortalezca su capacidad operacional. Necesita una Marina que mire hacia el mar y no hacia las celdas.
Un buque de guerra debe inspirar respeto por la bandera que lleva, no convertirse en el lugar donde se guardan quienes han atentado contra ella.
Comprendo perfectamente la intención del presidente al proponer esta solución: aislar a los grandes delincuentes de sus estructuras criminales. Pero precisamente porque conozco la vida naval, creo que debemos buscar esa solución en el lugar correcto.
Si Colombia necesita una prisión inexpugnable, construyámosla. Si necesita una cárcel de máxima seguridad para los grandes capos, hagámosla. Si necesita tecnología para impedir comunicaciones clandestinas, instalémosla. Si necesita una inteligencia penitenciaria capaz de desarticular las redes que operan desde las cárceles, fortalézcamosla.
Pero dejemos que la Armada continúe haciendo aquello para lo cual fue creada.
Que sus buques naveguen. Que sus tripulaciones vigilen. Que la bandera colombiana siga ondeando sobre el mar. Y que cuando un joven oficial suba por primera vez al puente de mando de un buque de guerra, pueda sentir lo mismo que hemos sentido tantos marinos antes que él: que está a bordo de un instrumento de la soberanía nacional, preparado para defender a Colombia cuando la Patria lo necesite.
Porque un buque de guerra puede ser de acero, pero para un marino lleva alma. Y esa alma no debería convertirla Colombia en una cárcel.
La Armada no es una cárcel: cada institución debe cumplir su misión.
La propuesta del presidente Abelardo de la Espriella de utilizar buques de la Armada Nacional como sitios de reclusión para delincuentes de alta peligrosidad parte de una preocupación legítima: impedir que los grandes capos del crimen organizado continúen dirigiendo sus estructuras criminales desde las cárceles.
Ese objetivo merece todo el respaldo del Estado. Un delincuente que continúa ordenando extorsiones, homicidios, narcotráfico o cualquier otra actividad criminal desde su lugar de reclusión no está realmente aislado de su organización. El Estado tiene la obligación de impedirlo.
Pero una cosa es compartir el objetivo y otra muy distinta compartir el medio escogido para alcanzarlo. La Armada Nacional no fue creada para administrar cárceles.
La Constitución Política es clara. El artículo 217 establece que las Fuerzas Militares, integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. La propia Corte Constitucional ha reiterado que esa es la razón de ser fundamental de las Fuerzas Militares.
Y cuando hablamos de la Armada Nacional estamos hablando de algo todavía más específico: de la institución encargada de ejercer el poder naval del Estado, proteger nuestros espacios marítimos y fluviales, contribuir a la defensa de la soberanía y garantizar la seguridad de nuestros mares y costas.
Los buques de guerra no son simplemente plataformas flotantes disponibles para cualquier necesidad del Estado. Son instrumentos militares cuya razón de existir es permitir que la Nación tenga presencia, capacidad de vigilancia, disuasión y defensa en sus espacios marítimos.
Por eso me preocupa que, en nombre de una necesidad real de seguridad penitenciaria, terminemos convirtiendo unidades navales en cárceles flotantes.
Una cosa es utilizar un buque y otra es utilizar a la Armada como institución penitenciaria.
Podría argumentarse que un buque ofrece una ventaja evidente: el aislamiento geográfico dificulta la fuga y puede hacer mucho más difícil la comunicación de los internos con sus organizaciones criminales. Pero esa ventaja no necesariamente convierte al buque de guerra en la mejor solución.
El problema carcelario de Colombia requiere establecimientos penitenciarios diseñados específicamente para ese propósito: infraestructura de máxima seguridad, sistemas de bloqueo de comunicaciones, inteligencia penitenciaria, control de visitantes, vigilancia electrónica, personal especializado y protocolos destinados exclusivamente a la custodia y rehabilitación de personas privadas de la libertad.
La respuesta no debería ser transformar una institución militar en una institución penitenciaria.
Si necesitamos cárceles de máxima seguridad, construyamos cárceles de máxima seguridad.
El propio modelo internacional demuestra que existen alternativas. Estados Unidos ha desarrollado establecimientos penitenciarios de máxima seguridad diseñados específicamente para aislar a los internos considerados de mayor peligrosidad. El Salvador, por su parte, ha construido el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, precisamente bajo una concepción de aislamiento de integrantes de organizaciones criminales. El debate sobre esos modelos puede ser amplio y legítimo, pero demuestra que el aislamiento penitenciario puede abordarse mediante infraestructura carcelaria especializada, sin convertir a la Armada Nacional en administradora de prisiones.
¿Y los buques prisión de Inglaterra? Es cierto que la historia ofrece antecedentes.
En Inglaterra, a partir de 1776, se utilizaron los llamados “prison hulks”: antiguos buques convertidos en prisiones flotantes. Pero hay un detalle que resulta particularmente revelador: fueron concebidos inicialmente como una solución temporal ante la falta de espacio en las cárceles. La experiencia se prolongó durante casi un siglo y estuvo marcada por condiciones extremadamente duras.
Que una solución haya existido en el pasado no significa necesariamente que debamos considerarla la mejor respuesta para el presente.
La historia también nos enseña que muchas instituciones evolucionan precisamente porque descubren que determinadas soluciones, aunque alguna vez fueron consideradas prácticas, no eran las más adecuadas.
Existe además un problema que va más allá de la discusión penitenciaria. Cada vez que utilizamos una institución para funciones que no corresponden a su naturaleza, corremos el riesgo de desdibujar su misión.
Al soldado se le prepara para la defensa terrestre. Al aviador militar se le prepara para la defensa y control del espacio aéreo. Al marino de guerra se le prepara para operar en el mar, defender la soberanía, ejercer presencia naval, vigilar nuestros espacios marítimos y responder ante las amenazas que puedan afectar los intereses nacionales.
No tiene sentido que, mientras Colombia necesita una Armada cada vez más preparada para enfrentar el narcotráfico marítimo, la pesca ilegal, el contrabando, la protección de nuestros recursos naturales, la seguridad de las líneas de comunicación marítima y las amenazas provenientes del mar, terminemos utilizando sus buques como establecimientos penitenciarios.
La solución debe estar en el sistema penitenciario. Colombia sí necesita una política radicalmente distinta frente a los grandes capos.
Necesita cárceles realmente inexpugnables. Necesita aislar a los líderes de las organizaciones criminales. Necesita impedir el ingreso de teléfonos y comunicaciones clandestinas. Necesita inteligencia penitenciaria. Necesita bloquear las órdenes que salen de las cárceles. Necesita personal penitenciario mejor preparado y protegido. Y necesita que quienes pretendan seguir manejando sus organizaciones criminales desde prisión encuentren un Estado capaz de cortar completamente esas conexiones.
Pero para conseguirlo no necesitamos convertir los buques de nuestra Armada en cárceles. Necesitamos construir y administrar prisiones de máxima seguridad diseñadas para ese propósito, con tecnología y procedimientos acordes con las amenazas criminales del siglo XXI.
El problema no es que los delincuentes estén demasiado cerca de tierra. El problema es que, desde algunas cárceles, siguen teniendo acceso a sus organizaciones criminales. La respuesta, entonces, debe ser aislar al criminal de su red, no cambiar la misión de la Armada.
No se trata de oponerse a la política de seguridad del Gobierno ni de ser complacientes con los grandes delincuentes. Todo lo contrario: Colombia necesita ser mucho más eficaz contra ellos. Pero precisamente porque necesitamos un Estado fuerte, debemos respetar la naturaleza y la misión de cada una de sus instituciones.
La cárcel debe ser cárcel. La Armada debe ser Armada. Y los buques de guerra deben estar donde la Nación los necesita: navegando, vigilando y defendiendo la soberanía colombiana.
Porque combatir al crimen con firmeza no significa utilizar cualquier instrumento disponible. Significa utilizar el instrumento correcto para cada misión.