Los resultados de las pruebas PISA confirman un oscuro panorama en la calidad educativa de Colombia. Con lamentables puntajes de 381 en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias, nuestro país se ubica muy por debajo de los promedios de la OCDE. La verdadera tragedia es que apenas tres de cada diez estudiantes alcanzan el nivel mínimo de competencias en matemáticas. Esto significa que la inmensa mayoría de nuestros jóvenes de 15 años es incapaz de resolver situaciones numéricas simples.
Ante esta crisis, los sectores sindicales y la izquierda recurren a excusas externas, responsabilizando a la pandemia o a las brechas socioeconómicas; sin embargo, el problema es estructural. Aunque el presupuesto para educación casi se ha duplicado desde 1990 y es el sector con más asignación de recursos, dicha inversión no se traduce en mejoras en las aulas. El nudo gordiano radica en que los maestros de la educación pública, a pesar de acumular títulos, no consiguen que sus estudiantes avancen. El buen maestro no es quien ostenta especializaciones, sino el que obtiene lo mejor de sus alumnos. Desafortunadamente, nos enfrentamos a un gremio que se niega rotundamente a ser evaluado con rigor.
La cruda realidad queda al descubierto al contrastar los resultados de los colegios privados frente a los públicos. Mientras los primeros registraron un promedio de 430 puntos en matemáticas, las escuelas oficiales -particularmente las rurales- quedaron sumidas en un rezago de 362 puntos. Esta diferencia representa una brecha equivalente a casi dos años de escolaridad real según la OCDE. El Estado condena a los jóvenes más vulnerables a un sistema oficial deficiente, ensanchando la desigualdad.
El manejo de la educación pública está capturado por un sindicato enfocado en aumentar sus privilegios corporativos, paralizando las aulas con paros recurrentes. Para superar esta mediocridad, Colombia requiere transformaciones profundas e inmediatas. Es indispensable estructurar un sistema de evaluaciones obligatorias, transparentes e independientes para el cuerpo docente. Estas evaluaciones de desempeño deben estar vinculadas a la permanencia en el cargo y a incentivos económicos. En segundo lugar, hay que romper el monopolio estatal mediante bonos escolares. Si el sistema público es incapaz de ofrecer calidad, el Estado debe financiar la demanda y no la oferta, permitiendo que las familias de estratos bajos elijan libremente matricular a sus hijos en colegios privados. Finalmente, urge una reforma curricular radical que limpie los planes de estudio del sesgo ideológico sindical. Debemos enfocar esfuerzos en las competencias críticas del siglo XXI: ciencias exactas, comprensión lectora y matemáticas aplicadas. Asimismo, el sistema debe adaptarse a la era digital instruyendo en programación e inteligencia artificial. Mantener el esquema actual es agudizar la brecha social, condenar a los pobres a la pobreza y enterrar la competitividad del país.