A pesar de que la Misión Médica está protegida por normas nacionales y el Derecho Internacional Humanitario, el número de atentados se incrementa cobrando vidas al pacífico ‘Ejército de la Salud’ y el Estado no puede eludir la obligación de prevenir, mitigar y responder ante las crecientes agresiones.
A lo largo y ancho de la historia, el Homo Sapiens se ha empeñado en preservar la salud alargando la vida y, de tan delicada y fundamental labor, se encargaron los médicos y, desde entonces, esta bendita profesión fue considerada de ‘alto riesgo’, por combinar actividades extenuantes que impactan la integridad corporal, mental y la sana convivencia familiar de estos héroes silenciosos y anónimos, que se echan al hombro tan delicadísima labor, sometidos a riesgos impensables: agresiones físicas y verbales, exponiéndose a virus, bacterias, fatiga y cargas ergonómicas que superan el tiempo de guardia establecido en el código laboral colombiano y así evitar accidentes causados por trabajos extremos, agotamiento físico y mental, sobre todo cuando laboran con escasos recursos materiales y de personal auxiliar, para ejercer con certeza tan delicada labor, incluyendo el estrés acumulativo que, con frecuencia, se traslada a la intimidad de sus hogares desgastando afectos, conduciéndolo al aislamiento social que concluye en el ‘Síndrome de desgaste profesional’, caracterizado por ansiedad extrema, trastornos del sueño, depresión, divorcios, agresiones por cuenta de familiares, amigos y vecinos mientras sus pacientes les exigen hacer milagros que, muchas veces, terminan en amenazas y agresiones de todos los calibres, incluyendo asesinatos o induciendo suicidios, cifras dolorosas e incontrovertibles estadísticas que, cada día, se incrementan verificadas después de analizar mas de 70.000 hojas de vida de médicos: depresión e ideas suicidas (11%) a lo largo del desempeño profesional, caracterizadas por durísimas jornadas laborales, privación de sueño, indelegables complicaciones durante y posterior al acto quirúrgico, exposición al sufrimiento y a las tinieblas inexpugnables de la muerte, presiones sociales y demandas médico-legales y demás situaciones administrativas y salariales derivadas de la implementación de la Ley 100 de 1993, hermana siamés de la ‘Ley del embudo’ y sus ingenuas transformaciones, logros y carencias, agendas desbordadas: citas médicas inoportunas, procedimientos y entrega tardía de medicamentos, situaciones que los pacientes y familiares achacan al médico, convertido en carne de cañón junto al resto del personal de la salud, cruel injusticia, tenebrosa canallada y, aún cuando parezca increíble, ser médico en Colombia es mucho más peligroso que ejercer como torero, bombero, boxeador o trapecista, a quienes les cancelan sueldos y honorarios puntualmente.
Las estadísticas en Colombia son tozudas e incontrovertibles: en los últimos 50 años se reportaron solo dos toreros muertos en el ruedo, mientras en los últimos diez años asesinaron, cobarde e impunemente, diez médicos y ocurrieron más de 500 actos violentos contra la Misión Médica, protegida aún en tiempos de guerra declarada.
Entre nosotros, aquí y ahora, desmigajan centros de salud, clínicas y hospitales; pero lo más alarmante de esta dolorosa canallada es, ¡válgame Dios!, el incremento inusitado de suicidios entre el gremio de cirujanos.
El doctor Francisco Herrera, voz autorizada: ponderado docente universitario, jefe del Departamento de Cirugía, de la Universidad de Cartagena, certifica, estadística en manos, que el mayor número de separaciones conyugales y suicidios entre profesionales de la salud, ocurren entre cirujanos.
Y uno se pregunta: ¿valió la pena tanto estudio, dedicación y sacrificio para terminar convertidos en pararrayos? “Lo nuestro no es una profesión, es sacerdocio”, responden, sin titubear, los cirujanos, hijos predilectos de Hipócrates, Esculapio y Galeno.