Daniel M’Naghten carpintero escocés, sufría delirios paranoides y creía que el gobierno británico lo perseguía. Convencido de que debía defenderse intentó asesinar al primer ministro Robert Peel, pero lo confundió con el secretario Edward Drummond, causándole la muerte a este con un disparo. Durante el juicio, la defensa alegó locura; en consecuencia el jurado lo declaró no culpable. La absolución generó indignación pública en Inglaterra. M’Naghten fue internado de por vida en un hospital psiquiátrico. La Cámara de los Lores pidió a un panel de jueces que definiera criterios claros para determinar cuándo la locura debía eximir de responsabilidad penal.
Los jueces establecieron que: Se presume que toda persona está cuerda, hasta que se demuestre lo contrario. Para alegar locura, debe demostrarse que el acusado sufre un defecto de la razón causado por una enfermedad mental. Ese defecto debía impedirle comprender la naturaleza y calidad del acto. Este estándar se convirtió en la prueba clásica desde 1843 para evaluar la responsabilidad penal en casos de enfermedad mental. A comienzos del siglo XX, la psiquiatría empezó a describir casos donde el sujeto sí sabía que estaba cometiendo un acto malo, pero no podía evitarlo por una enfermedad mental (epilepsia, trastorno para el control del impulso). Esto llevó a la creación de un segundo criterio: la capacidad volitiva, o sea la capacidad de autodeterminarse.
En 1954, caso: Durham vs. United States. Tribunal: Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. se incorpora la doble regla para definir capacidad mental (cognitiva y volitiva) frente a un hecho criminal. El Model Penal Code fue adoptado por la mayoría de los estados de EE.UU., entre 1962 y 1980. Actualmente, 20 estados usan variaciones del estándar M’Naghten (solo cognitivo). 26 estados usan el estándar del Model Penal Code (cognitivo + volitivo) y, 4 estados (Idaho, Kansas, Montana y Utah) han abolido la defensa por locura, pero permiten alegar incapacidad mental para formar intención criminal, cuyos requisitos son: intencionalidad, conocimiento, premeditación, malicia, propósito y deliberación.
De las prioridades a las decisiones: Bolívar ante el Plan
Andrea Piña GómezColombia adoptó la doctrina moderna de imputabilidad en el Código Penal de 1980, consolidada en el Código Penal del 2000. La imputabilidad exige: capacidad de comprender la ilicitud del acto y capacidad de autodeterminarse conforme a esa comprensión. Se establece mediante peritaje psiquiátrico; pero es el juez el único actor judicial con la capacidad para decidir finalmente si el presunto victimario es imputable o inimputable; o sea, si se le puede imputar el hecho cometido como merecedor de una pena.
El juicio a Lindsay Clancy gira en torno a si en el momento en que mató a sus tres hijos podía comprender la ilicitud de sus actos, y si tenía la capacidad de autorregularse conforme a la ley. ¡Próximamente lo analizaremos!