El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó, en entrevista publicada recientemente por Semana, que Colombia «volvió a tener dignidad en el escenario internacional». La afirmación merece contrastarse con las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno. La dignidad de una nación no se proclama; se acredita en la coherencia entre sus principios, sus decisiones y el derecho internacional.
El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel y el anuncio de una nueva etapa de cooperación en seguridad, inteligencia, tecnología e inversión constituyen uno de los principales giros de la política exterior colombiana. Antes, Colombia ya había conocido los riesgos de la cooperación en inteligencia y vigilancia, como lo mostró el episodio de Pegasus.
A ese giro se suma el reconocimiento colombiano de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967. La Resolución 497 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada en 1981, declaró nula y sin efecto jurídico internacional la decisión israelí de imponer allí sus leyes, jurisdicción y administración. Colombia se convirtió así en el segundo Estado en reconocer esa soberanía, después de Estados Unidos.
También resulta significativa la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán. Una decisión de esta naturaleza exige distinguir hechos acreditados, investigaciones en curso y afirmaciones políticas. En política exterior, la buena fe no significa ingenuidad, pero tampoco puede ser sustituida por sospechas presentadas como certezas.
Más delicada aún es la decisión de retirar la intervención de Colombia en el proceso iniciado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, al amparo de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. La Corte todavía no ha dictado sentencia definitiva sobre la existencia de genocidio, aunque sí ha adoptado medidas provisionales. Paralelamente, el 16 de septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos de Gaza y cuatro de los cinco actos definidos por la Convención de 1948. Israel rechazó esas conclusiones. La Comisión señaló además asesinatos, daños graves y condiciones de vida calculadas para destruir al grupo.
La dimensión humanitaria es inocultable. Según la ONU, entre el 7 de octubre de 2023 y el 21 de junio de 2026 habían muerto 73.035 palestinos en Gaza. Informes de Naciones Unidas documentan además miles de víctimas infantiles, graves restricciones al acceso humanitario y daños a la infraestructura sanitaria. Las cifras están sujetas a actualización y verificación.
En septiembre de 2026, 152 Estados votaron a favor de permitir la participación virtual de Palestina en el debate de alto nivel de la Asamblea General; tres votaron en contra y cuatro se abstuvieron, entre ellos Colombia. Es una diferencia que merece explicación, no simplificaciones.
Los Estados pueden definir sus alianzas y prioridades estratégicas. La cuestión de fondo es cómo se articulan esas decisiones con los compromisos asumidos por Colombia en derechos humanos, derecho internacional humanitario y multilateralismo. Desde Núremberg, la comunidad internacional ha intentado construir límites jurídicos a la barbarie.
En Colombia, entretanto, también se producen señales que merecen atención. Bruce Mac Master anunció su salida de la ANDI después de casi trece años al frente del gremio, en medio de semanas de tensión con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Su retiro puso nuevamente sobre la mesa la relación entre poder político y autonomía gremial. Durante años, Mac Master había cuestionado con dureza al anterior mandatario y, en la reciente campaña, expresó cercanía con la candidatura de De la Espriella. El episodio deja abierta una pregunta institucional: hasta dónde puede llegar la presión política sobre quienes representan intereses privados.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, por su parte, defendió ante el Congreso el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, pero señaló que solo podrá ejecutarse si cumple las exigencias de la Corte Constitucional y las condiciones establecidas. El debate no puede reducirse a «ver qué le pasa a la mata»: la propia fase experimental busca medir eficacia, deriva, riesgos e impactos sobre salud y ambiente. En asuntos de esta naturaleza, la precaución y la evidencia deben acompañar cualquier decisión. El pueblo exige respeto.
Dime con quién andas y te diré quién eres. En el escenario internacional y en la vida institucional, la pregunta decisiva sigue siendo qué principios estamos dispuestos a sostener cuando defenderlos resulta difícil.