En Cartagena, el 33,4 % de los hogares estaba en inseguridad alimentaria moderada o grave, y al mismo tiempocada vez más niños sufren de sobrepeso y obesidad. Esa aparente contradicción tiene una explicación común: la mala alimentación. En muchos hogares y colegios se comen productos de paquete y gaseosas,con alto contenido de azúcar, sal y grasa, que llenan el estómago pero no nutren.
Frente a este problema, la ciudad formuló la Política Pública de Ambientes Escolares Alimentarios Saludables, una hoja de ruta para los próximos doce años que busca cambiar lo que comen niñas, niños y adolescentes en los colegios públicos y privados. La política nació deun acuerdo aprobado por el Concejo en 2019, impulsado por madres, padres, docentes y organizaciones sociales. Propone, entre otras cosas, que las tiendas escolares vendan alimentos sanos y de la región, en lugar de comida chatarra, que se retire la publicidad de gaseosas y ultraprocesados de los colegios, que todos los estudiantes tengan acceso a agua potable, que se enseñe en las aulas a comer bien, así como a valorar la cocina tradicional del Caribe. Su punto de partida es sencillo pero poderoso: alimentarse adecuadamente no es un lujo ni solo una decisión personal, es underecho que el Estado debe garantizar.
Pero una política no se mide por lo bien que está redactada, sino por lo que logra cambiar. Y ahí los retos son enormes.
El primero es el dinero. El documento de política pública habla de 6.702 millones de pesos para doce años. Repartidos entre los cerca de 236.000 estudiantes matriculados en la ciudad, equivalen a unos 2.400 pesos por niño al año. Una cifra modesta para transformar tiendas, garantizar agua potable, construir huertas y formar a toda una comunidad educativa. Peor aún, el texto aclara que esos costos no comprometen vigencias futuras: dependerán del cupo que cada administración quiera asignar. Productos clave, como el plan para restringir la publicidad de ultraprocesados, aparecen con costo cero. Sin recursos asegurados, las buenas intenciones corren el riesgo de quedarse en diagnóstico.
El segundo reto es enfrentar a una industria poderosa. El diagnóstico muestra que las neveras, las casetas y hasta las canecas de muchos colegios llevan el logo de una marca de gaseosas. Además, la mitad de los colegios con neveras reporta acuerdos de compra con esas empresas. Desmontar esa presencia exigirá voluntad política firme, porque la presión llegará, especialmente desde los recursos, pues los colegios deberán incurrir en gastos como cambiar neveras, canecas, entre otros elementos dentro del recinto educativo.
Tampoco hay que subestimar los hábitos. Cambiar gustos formados por años de publicidad requiere pedagogía constante, no campañas esporádicas. Si cada alcalde llega a empezar de cero, la política morirá en el primer cambio de mando.
Por eso la responsabilidad recae, antes que en nadie, en quienes toman las decisiones. Al alcalde le corresponde incluir esta política en el plan de desarrollo y asignarle recursos reales, no cifras simbólicas que dependan de la buena voluntad de cada año. Al Concejo, que la hizo posible con el Acuerdo 021, le toca ahora vigilar su cumplimiento y dar el respaldo normativo para regular la publicidad de ultraprocesados en los colegios. A la Secretaría de Educación, les corresponde demostrar que pueden resistir las presiones de la industria y acompañar a los tenderos en la transición. Cartagena ya hizo lo más difícil, que fue ponerse de acuerdo en qué quiere para sus niños. Lo que falta ahora es voluntad política para cumplirlo.
*Coordinadora de la línea Justicia económica en Dejusticia