Ciertas contradicciones llaman la atención en la gestión cultural. Entre más espectaculares son los eventos, más se tiende a confundir magnitud con importancia cultural. Cuando las tarimas monumentales, luces, artistas de renombre y multitudes producen imágenes atractivas, más aclamados son los informes de gestión. Me pregunto cuánto de ese despliegue transforma en realidad la vida cultural de una comunidad.
No intento descalificar los grandes espectáculos. Convocan públicos numerosos, generan entretenimiento y dinamizan actividades económicas; pero aparece un problema cuando se convierten en un indicador robusto de la política cultural y consumen recursos que podrían distribuirse de manera más equitativa y productiva.
El interrogante que los gobiernos deberían hacerse es quién obtiene el mayor beneficio económico de estos acontecimientos. Con frecuencia parte considerable del presupuesto va a parar en empresas de producción, logística, montaje, sonido e iluminación. Aunque son servicios necesarios, su contratación no garantiza, por sí misma, un resultado cultural proporcional a la inversión. Mientras tanto, talleres de lectura y escritura, concursos literarios, escuelas de formación artística, pequeños festivales y procesos comunitarios sobreviven en la invisibilidad con presupuestos precarios o dependen del voluntarismo de sus promotores. Otra vez me pregunto si no sería razonable distribuir mejor esos recursos.

Un Presupuesto que empeora el déficit
Mauricio Cabrera GalvisCon el presupuesto de un evento sobredimensionado se sostendrían durante meses iniciativas de formación, llevar actividades culturales a distintos barrios y corregimientos, financiar encuentros de artistas locales y crear programas que descubran nuevos talentos. En lugar de concentrar el gasto en unas pocas jornadas, sería posible extender sus beneficios a más personas y durante más tiempo. La diferencia podría ser sustancial.
Un espectáculo puede reunir a miles de asistentes en una noche; un taller de escritura puede contribuir a formar durante años a una persona capaz de leer críticamente, argumentar y crear. Un festival ofrece entretenimiento; un concurso bien diseñado estimula la disciplina, reconoce el talento y establece referentes. La cultura también se construye en espacios modestos, con procesos persistentes que poco ocupan titulares.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de corregir los incentivos, y las convocatorias públicas deberían valorar no solo la asistencia y la visibilidad, también la calidad artística, la formación de públicos, la continuidad, la cobertura territorial y los resultados verificables. Cada peso debe justificarse por su contribución cultural y no por el tamaño de la tarima. La cultura no necesita renunciar al espectáculo, pero sí dejar de confundirlo con su propósito.
Una política cultural equilibrada debe reconocer que la producción de eventos es solo parte de un ecosistema en el que la educación artística, la creación y la participación comunitaria merecen recursos estables. Si hay que corregir un sesgo, conviene favorecer lo pequeño, no por sentimentalismo ni por desprecio a lo multitudinario, sino porque la cultura no se mide solo por la cantidad de personas que convoca, sino por lo que logra cultivar en ellas. Si un espectáculo finaliza cuando se apagan las luces, la formación cultural, cuando es auténtica, continúa después.