Colombia no puede acostumbrarse a vivir bajo el miedo. Durante décadas hemos enfrentado carros bomba, secuestros, masacres y ataques contra la Fuerza Pública. Hoy, a esa larga lista de amenazas se suma una modalidad que está cambiando las condiciones de seguridad en nuestros territorios, los ataques con drones cargados de explosivos. Lo que antes parecía una tecnología propia de las guerras internacionales hoy está siendo utilizada por organizaciones criminales para atacar estaciones de Policía, instalaciones militares y, cada vez con mayor frecuencia, poner en peligro a la población civil. Las cifras son alarmantes, 361 ataques en lo corrido del año, aproximadamente uno cada 21 horas. No estamos ante hechos aislados, sino ante una transformación de la violencia que exige respuestas inmediatas.
Hay que entender la gravedad de este fenómeno. Los drones permiten a los grupos armados atacar a distancia, reducir sus propios riesgos y generar terror entre comunidades que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Ya no se trata exclusivamente de enfrentamientos entre organizaciones criminales y la Fuerza Pública. El problema es que los explosivos pueden terminar en una vivienda, cerca de un hospital, en una escuela o en una calle transitada por niños y adultos mayores. Cuando una familia tiene que preocuparse por lo que puede caer del cielo, estamos frente a una afectación directa de sus derechos fundamentales, de su tranquilidad y de su posibilidad de desarrollar una vida en condiciones de dignidad. Ninguna estrategia criminal puede tener como consecuencia que los colombianos pierdan el derecho a sentirse seguros en sus propias casas.
El departamento del Cauca concentra cerca del 58 % de estos ataques. Municipios como Argelia, Suárez, El Tambo, Cajibío, Caloto e Inzá han sufrido las consecuencias de esta escalada. En Asnazú, corregimiento de Suárez, un ataque dejó siete personas heridas, cuatro de ellas menores de edad. En Caloto, los explosivos cayeron cerca de un hospital. En el Catatumbo, un ataque en la zona rural de Tibú afectó viviendas y una farmacia y dejó cuatro personas heridas, incluida una menor. Estos hechos demuestran que la violencia dejó de representar únicamente una amenaza para quienes portan un uniforme. Hoy compromete directamente a comunidades enteras y golpea especialmente a quienes viven en regiones históricamente afectadas por el abandono y la presencia de organizaciones armadas.
Tampoco podemos perder de vista a nuestros integrantes de la Fuerza Pública. Entre enero y septiembre, 25 uniformados murieron y más de 340 resultaron heridos por ataques con estos artefactos, según las cifras conocidas de las Fuerzas Militares. Son hombres y mujeres que cumplen una misión constitucional en condiciones cada vez más complejas. A esto se suma la crisis humanitaria que viven miles de colombianos. Durante el primer semestre, la Defensoría del Pueblo reportó cerca de 16.000 personas desplazadas y 64.700 confinadas por la violencia armada.
Los responsables de esta situación son las organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN y las disidencias de las antiguas FARC, que han incorporado estos dispositivos a sus estrategias de intimidación y confrontación. Han encontrado en una tecnología relativamente económica una herramienta para ampliar su capacidad de daño y desafiar la autoridad del Estado. Esto también evidencia una transformación en la capacidad operativa de estas estructuras criminales.
No podemos permitir que el miedo termine cancelando las celebraciones, paralizando el comercio o encerrando a las familias en sus viviendas. La tranquilidad de los ciudadanos también hace parte de la seguridad que el Estado está obligado a garantizar. Es necesario acelerar la implementación de los sistemas antidrones anunciados, fortalecer las capacidades de inteligencia militar y policial, mejorar los mecanismos de detección y neutralización de estos artefactos y garantizar que las alertas tempranas se traduzcan en acciones concretas. También se necesita una coordinación efectiva entre el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, las gobernaciones y las alcaldías para proteger los espacios de concentración ciudadana durante las próximas festividades. La tecnología debe estar al servicio de la protección de la vida y no exclusivamente de la reacción después de cada ataque.
No podemos permitir que los drones se conviertan en otro capítulo de esa historia ni que las comunidades terminen aceptando como normal que un explosivo pueda caer sobre sus viviendas. la Fuerza Pública debe mantenerse alerta, desplegar todas las capacidades tecnológicas, operativas y de inteligencia disponibles y anticiparse a los ataques con drones. Ningún grupo armado puede imponerle sus condiciones al Estado ni convertir el miedo en una forma de gobierno.
La paz necesita seguridad, y la seguridad necesita un Estado capaz de llegar a todos los rincones del país. Este diciembre, nuestras plazas deben volver a ser espacios de encuentro y celebración, no escenarios de miedo.