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Columna

¿Atención lenta comparada con qué?

“La transparencia no debe ser un obstáculo para la atención, sino una condición de la reconstrucción...”.

Jhorland Ayala García

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Cada vez que ocurre un desastre natural, las imágenes de destrucción y el sufrimiento de las familias damnificadas despiertan un sentimiento de urgencia colectiva. Quienes pierden sus viviendas, sus negocios y, en ocasiones, sus medios de subsistencia necesitan respuestas inmediatas. Es comprensible que, después de una tragedia, la población espere que el Estado llegue rápidamente con soluciones. Sin embargo, entre la urgencia de atender una emergencia y la capacidad de ejecutar un proceso de reconstrucción existe una diferencia que no siempre se reconoce en el debate público. Antes de entregar subsidios y ejecutar obras es necesario identificar a los damnificados, cuantificar los daños, determinar qué viviendas pueden repararse y cuáles deben reconstruirse o reubicarse, y establecer las necesidades de cada hogar. Esto requiere tiempo, coordinación institucional y rigor técnico. La formulación y aprobación de los Planes de Acción Específicos para la Recuperación (PAER) responde precisamente a esa necesidad: organizar intervenciones, definir responsabilidades y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.

La historia colombiana ofrece referentes interesantes. El reasentamiento de Gramalote, con 984 viviendas, tomó aproximadamente 14 años. Mocoa, tras la tragedia de abril de 2017, todavía tiene importantes pendientes en materia de reconstrucción habitacional casi diez años más tarde. En el terremoto de Armenia de enero de 1999 transcurrieron más de cuatro meses hasta las primeras actuaciones documentadas para la asignación de subsidios de vivienda. En el terremoto reciente, ocurrido el 10 de agosto, los primeros desembolsos de apoyos económicos temporales comenzaron el 11 de septiembre, aproximadamente un mes después. También se avanzó en la formulación del Plan de Acción Específico para orientar la recuperación, lo cual no significa que todo esté resuelto: hay que exigir ejecución, seguimiento a los recursos y resultados concretos para las familias afectadas. Pero si algo nos enseña nuestra propia historia es que tres meses no parecen suficientes para declarar ineficaz un proceso de reconstrucción que apenas comienza. A quienes sostienen que la atención va demasiado lenta les preguntaría: ¿lenta comparada con qué? ¿Con los 14 años de Gramalote o los casi diez años de Mocoa?

Exigir prontitud y transparencia es indispensable. Pero también lo es evaluar con perspectiva histórica y reconocer que atender una emergencia, asignar ayudas y reconstruir un territorio son procesos distintos. Las familias damnificadas no necesitan promesas apresuradas ni disputas políticas alrededor de su sufrimiento, sino instituciones que hagan bien su trabajo, utilicen adecuadamente los recursos y cumplan sus compromisos.

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