Cien días no bastan para juzgar un gobierno ni determinan su destino, pero revelan sus inclinaciones y tentaciones. En Abelardo De la Espriella conviven dos impulsos difíciles de conciliar: la voluntad de actuar con determinación y la impaciencia frente a las mediaciones institucionales.
De esa tensión emerge la paradoja de una administración capaz de responder a las urgencias, como ocurrió con el terremoto, pero expuesta a tres tentaciones: el personalismo, que confunde al gobernante con el gobierno; la inestabilidad administrativa, alimentada por la constante rotación de funcionarios, y el voluntarismo político, que confunde la espectacularidad de los discursos con la eficacia de las políticas públicas.
En materia institucional, el Gobierno parece tomar distancia del clientelismo tradicional, que durante décadas subordinó la experiencia y la idoneidad técnica a las lealtades políticas. Sin embargo, enfrenta el desafío de impedir que esa práctica reaparezca bajo otras formas: la lealtad ideológica o el favoritismo personal. La designación de personas cercanas al presidente en cargos directivos, cuya experiencia y preparación suscitan dudas, plantea una contradicción entre el propósito de renovar la administración pública y las exigencias del mérito. La seguridad constituye el eje más visible de la gestión. Aunque todavía no se advierte una política integral claramente definida, sí parece existir un cambio de enfoque que responde a las preocupaciones ciudadanas frente a la criminalidad. El balance oficial registra más de 51.000 capturas, 389 toneladas de estupefacientes incautadas, 6.336 armas decomisadas, 1.493 laboratorios destruidos, 167 órdenes de extradición firmadas y más de 2.500 traslados penitenciarios. Según la Fundación Ideas para la Paz, entre agosto y septiembre de 2026, los homicidios disminuyeron un 10,6 % y los secuestros un 66,3 % frente al mismo período de 2025. Son indicadores alentadores, pero todavía insuficientes para demostrar una reducción sostenida de la criminalidad. La fuerza legítima puede contener el delito, pero superar sus causas y estructuras exige justicia eficaz, instituciones sólidas y presencia permanente del Estado. La comunicación presidencial también exhibe claroscuros. Centralizar el mensaje en el presidente puede evitar contradicciones y acercarlo emocionalmente a la ciudadanía, pero las restricciones informativas sobre asuntos de interés público generan vacíos informativos e incertidumbre, que deberían ser llenadas por los ministros.
A su vez, la sobreexposición del presidente junto a personas capturadas, mientras exhibe una especie de poder soberano, puede dar réditos políticos inmediatos, pero corre el riesgo de convertir la autoridad estatal en espectáculo y, a largo plazo, erosionar la dignidad de la institución presidencial. Finalmente, el respeto por las reglas democráticas revela cierta ambigüedad.
El Gobierno tensiona los límites institucionales, aunque hasta ahora parece mantenerse dentro de ellos, como sugiere el acatamiento de decisiones judiciales sobre fumigaciones, bombardeos y el Museo Nacional. Su desafío no es solo gobernar con determinación, sino aceptar los contrapesos democráticos. Porque la legitimidad de un gobierno no reside en exhibir poder, sino en ejercerlo dentro del Estado constitucional. *Profesor universitario.

