El proyecto de presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2027–2028 prende las alarmas: pasa de $30,96 billones a $27,54 billones, una reducción de $3,42 billones, equivalente al 11 %. Más preocupante aún, los ingresos corrientes provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables disminuyen aproximadamente $4,11 billones, el 16,1 %. Otros ingresos compensan parcialmente esta caída, disimulando la magnitud del deterioro de la fuente que alimenta al Sistema.
El problema tampoco termina en las regalías. La actividad extractiva aporta impuestos, dividendos y divisas. Su debilitamiento estrecha el margen fiscal de la Nación y agrava una crisis que exige decisiones difíciles. Aunque las regalías tienen un régimen presupuestal propio, la pérdida de dinamismo de la industria golpea simultáneamente las cuentas nacionales y la inversión regional. No estamos ante una simple operación contable. Su mengua compromete las posibilidades de desarrollo de sus territorios y de sus habitantes, precisamente cuando las necesidades insatisfechas reclaman mayores esfuerzos.
Se confundió la necesaria transición energética con el desestímulo a las actividades que podían contribuir a financiarla. De hecho, la participación del sector minero-energético, catalogado en las estadísticas del DANE como Minas y canteras, ¡pasó de participar en el PIB con 5,9% en la década pasada a sólo 3.5%!
La transición energética es necesaria. Lo que cuestiono es haberla confundido con el debilitamiento deliberado de las actividades que pueden contribuir a financiarla. Una cosa es diversificar la economía y otra, muy distinta, renunciar prematuramente a sus fuentes de recursos. No se construye el futuro desfinanciando el presente, no se puede llegar a la tarde sin pasar por el mediodía.
Le corresponde al actual Gobierno rectificar el rumbo y reactivar responsablemente la actividad extractiva. Pero no basta con anunciarlo. El capital no regresa por decreto: requiere recuperar la confianza inversionista y la seguridad jurídica, respetar los contratos, ofrecer reglas estables y resolver oportunamente los trámites, con pleno cumplimiento de las exigencias ambientales y sociales. Recuperar la credibilidad exige hechos y coherencia entre las distintas entidades del Estado.
La transición necesita financiación, la financiación necesita producción, y la producción necesita confianza. Desconocer esa cadena fue el error. Restablecerla es la tarea. A la insuficiencia de oportunidades se suma otro problema: los recursos disponibles no siempre se traducen en bienestar. Resulta pertinente traer a colación la llamada “paradoja de las regalías”, detectada por la Contraloría General.
He aquí la paradoja de las regalías: mientras se aprueban cuantiosos recursos, persisten las deficiencias de planeación, la dispersión de las inversiones y las obras inconclusas que frustran su impacto en los territorios. Según el balance reportado, entre el segundo semestre de 2022 y el primero de 2026, la Contraloría General de la República auditó 2.028 proyectos por $38,4 billones e identificó 1.571 hallazgos fiscales por más de $4,5 billones, sin que estos constituyan por sí solos fallos definitivos de responsabilidad fiscal. ¡De poco sirve aprobar billones si estos no se traducen en obras terminadas!

