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Columna

Sostenibilidad fiscal

“Reducir gradualmente el déficit y garantizar la sostenibilidad de la deuda no es una opción ideológica, es una necesidad nacional”.

Jaime Bonet

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La discusión sobre la ley de rescate fiscal ha generado un intenso debate en el Congreso. Es natural que existan diferencias sobre el tamaño del Estado, las prioridades del gasto o la mejor manera de recaudar recursos. Sin embargo, más allá de esas discrepancias, hay un punto en el que debería existir consenso: la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Hasta antes de la pandemia, Colombia había logrado mantener una trayectoria fiscal relativamente estable, respaldada por bonanzas, reformas e instituciones que contribuyeron a preservar las finanzas públicas. La emergencia provocada por el Covid-19 alteró ese panorama. El aumento extraordinario del gasto y la caída de los ingresos llevaron el déficit fiscal a niveles históricamente elevados. Posteriormente, los ajustes planteados no han sido suficientes para retornar plenamente a una senda sostenible. Las crecientes demandas sociales, las necesidades de inversión y unas fuentes de financiación insuficientes han mantenido la presión sobre las finanzas públicas. Como resultado, varios años después de la emergencia sanitaria, la sostenibilidad fiscal sigue siendo una preocupación central para el país. Cuando los déficits se mantienen durante períodos prolongados, el Estado debe recurrir cada vez más al endeudamiento para cubrir la diferencia entre sus ingresos y gastos. Esa dinámica puede convertirse en un círculo vicioso: mayores déficits requieren más deuda, elevando así los costos de financiación y llevando a que una proporción creciente de los recursos públicos deba destinarse al pago de intereses. Una de las consecuencias es que los recursos utilizados para atender el servicio de la deuda dejan de invertirse en infraestructura, educación, salud, seguridad o innovación. Además, cuando el gobierno absorbe una mayor parte del ahorro disponible para financiarse, el crédito tiende a encarecerse para el resto de la economía. Esto reduce la inversión privada, limita la creación de empleo y debilita el crecimiento económico. Por esto, la sostenibilidad fiscal no es un objetivo técnico reservado para economistas o autoridades hacendarias. Es una condición necesaria para preservar la estabilidad económica, promover el crecimiento y avanzar en la reducción de las desigualdades. El país necesita una visión de largo plazo que combine la generación suficiente de recursos con una revisión permanente de la calidad y eficiencia del gasto público.

Más que una discusión sobre ganadores y perdedores políticos, este debería ser un debate sobre el futuro del país. Sin unas finanzas públicas sanas, no habrá crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica ni capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos. Alcanzar un acuerdo fiscal que permita reducir gradualmente el déficit y garantizar la sostenibilidad de la deuda no es una opción ideológica, es una necesidad nacional.

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