Algunos sucesos recientes en Cartagena han puesto de nuevo en discusión la desconfianza que los residentes tienen en sus instituciones, un hecho que no es menor a la hora de impulsar el desarrollo económico y social de un territorio. Precisamente este tema hace parte del último informe institucional del Banco Interamericano de Desarrollo titulado “Confianza: La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe”, editado por Philip Keefer y Carlos Scartascini.
Como se expresa en el informe, la confianza es fundamental en una sociedad saludable porque es la columna vertebral de muchas relaciones entre sus miembros. Cuando votamos esperamos que los candidatos elegidos cumplan sus promesas; un empresario paga a un trabajador creyendo que este hace su mayor esfuerzo y, a su vez, el trabajador realizará el mejor desempeño suponiendo que se le remunerará adecuadamente; o cuando compramos bienes y servicios esperamos que el vendedor los suministre con la mejor calidad.
Uno de los temas clave que destaca el libro es la confianza en el gobierno. En general, los servidores públicos tienen más probabilidades de actuar de manera oportunista, lo cual le resta confianza de parte de la ciudadanía, en especial porque no es fácil exigirles una rendición de cuentas de sus acciones. Se plantea la existencia de problemas de acceso a la información, lo que hace difícil la evaluación independiente del trabajo de gobierno por parte de los ciudadanos, y, a su vez, los gobiernos tienen un poder coercitivo que obliga a los ciudadanos a acatar las reglas establecidas. Esta situación facilita aún más el actuar oportunista de los políticos.
Desafortunadamente, América Latina y el Caribe es una región con mucha desconfianza. El informe del BID reporta que solo una de cada diez personas de la región considera que se puede confiar en los demás. Además, hay una caída en la confianza interpersonal porque hace cuatro décadas este indicador era una de cada cinco personas. La confianza en el gobierno también es baja ya que solo una de cada tres personas confía en el sector público. En los países desarrollados la confianza interpersonal puede llegar a ser hasta cuatro veces más alta que nuestra región y la confianza en el gobierno 1,3 veces mayor.
El informe indica que los poderes judicial y legislativo son los llamados a establecer controles del comportamiento oportunista de los funcionarios públicos. Así mismo, los partidos políticos son señalados como vehículos efectivos para promover la acción colectiva de los ciudadanos con el fin de que los gobiernos rindan cuentas. Con tristeza, se encuentra que en nuestra región los ciudadanos tienen una alta desconfianza en estas instituciones, lo que las convierte en parte del problema más que de la solución. Reducir esa desconfianza es otra de las tareas pendientes en nuestra ciudad.