Incertidumbre porque los más de 70 decretos legislativos, mandato art- 215 CP 1991 y más de 55 resoluciones y circulares, del plan emergencia social para enfrentar la pandemia del COVID-19, apenas la Corte los está estudiando. Las centrales obreras, representantes de la clase trabajadora nacional e internacional, CSA, CSI, la OIT, han exigido al Estado que los trabajadores de la salud no sigan con contratos basuras, sin seguridad social y sin pago de salarios.
El papa Francisco ha hecho un llamado muy oportuno para que el bien común esté por encima de los intereses particulares políticos, reflexión muy oportuna para que no aprovechen esta desgracia para politiquerías y la corrupción.
Las comunidades han estado protestando con SOS al Gobierno nacional, esto es una bomba social, para que inyecte recursos a los entes territoriales, porque si no los mata el COVID-19, van a enfermar y morir por la pandemia del hambre.
Ojalá las medidas de seguridad y salud para los trabajadores de la construcción no sean flor de un día, son sobreexplotados, teniendo en cuenta que sus labores en las construcciones no cuentan con seguridad social, sin salario fijo ni prestaciones.
Los trabajadores de la salud siguen siendo víctimas del COVID-19 por falta EPP adecuadas, si hacen protestas pacíficas por derechos a la salud, a la vida, contratos dignos, pago oportuno salario, los despiden sin piedad y no pasa nada.
Las ARL han sido también desnudadas, otro falso positivo de la ley 100-93, contra la seguridad y salud laboral, los trabajadores son abandonados a su suerte porque las empresas y ARL, no cumplen en la protección adecuada y oportuna.
El Congreso tiene la obligación de legislar para el pueblo, priorizando en su agenda derogar la asesina ley 100-93, para que los trabajadores de la salud y los pobres, no sigan siendo víctimas de las ARL y las EPS.
En materia de educación pública, basta ya de paños de agua tibia, con anuncios y discursos no solucionan la conectividad, equipos tecnológicos adecuados en colegios y que los estudiantes tengan estas dos herramientas en sus residencias.
Seguimos llamando a la clase trabajadora, pensionados, sector público y privado, para buscar el mecanismo legal, con sindicatos y asociaciones, y donar un día de salario para trabajadores informales del día a día, población más vulnerable.
Seguir en la campaña nacional de salvar la mediana, micro y pequeña empresa, porque los bancos sin Dios ni ley, no les prestan, hay que salvar los empleos y estas empresas. Proponemos a toda la sociedad civil, al Estado y sus instituciones, conformar un frente de reactivación social y económica post-COVID-19 de Cartagena, despojándonos de intereses particulares y oportunismo.
*CUT BOLÍVAR.