Genocidio de líderes

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A pesar de que el nuevo gobierno puso en marcha en diciembre pasado el Plan de Acción Oportuna (PAO) para proteger la vida de los líderes sociales, la cantidad de muertes en el arranque del año parece desesperanzadora.

Lo único que no descansó en el receso de Año Nuevo fue el asesinato de líderes sociales, las estadísticas son contundentes y aterradoras: en los primeros seis días del 2019 les quitaron la vida a seis líderes sociales en el territorio nacional.

Son pocas las voces del Gobierno que se han pronunciado sobre el asunto, en la práctica no hay seguimiento ni investigaciones a las amenazas contra de defensores DDHH, líderes sociales, comunales y periodistas en el país.

Se ha dicho de todas las maneras y en todos los escenarios, que es inconcebible que se desconozca la sistematicidad de estos crímenes, auspiciados y financiados por grupos de interés enemigos de la restitución de tierras y de los procesos de paz.

El número es escalofriante y más aún, el aumento de 43% frente a 2017 y de 133 por ciento respecto de 2016. Lo dicen las estadísticas y también el relator especial de Naciones Unidas.

El Sistema Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo señaló que en el 2018 fueron asesinados 164 líderes sociales y defensores de DD.HH, comunales, campesinos e indígenas, pero según Indepaz, fueron 226 los líderes asesinados.

La construcción de paz y la defensa de la vida de los defensores y líderes sociales y políticos pasan por la implementación de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc, que tienen en Uribe y su presidente a declarados detractores.

La historia se repite con la misma dinámica del genocidio de la UP, que arrancó lentamente hasta que culminó con la destrucción de toda una generación de inconformes, no solo de la UP, sino también del movimiento social.

La intolerancia, la resistencia al cambio y la falta de respeto por quienes reclaman los derechos que la paz les debe devolver, están en la raíz de la violencia que se extiende en los territorios victimizados por el conflicto armado.

El gobierno ha expresado su compromiso de afrontar esta grave crisis humanitaria, pero hasta la fecha, las políticas de prevención y protección han demostrado ser insuficientes, propias de los gobiernos de ultraderecha.

Un país que es indiferente a los asesinatos de sus líderes sociales y defensores de DDHH, nos deja la amarga reflexión de que aún no somos capaces de construir una sociedad más tolerante y democrática.

Se acabó la guerra, pero no sus causas. No basta con el silencio de los fusiles, deben abordarse las causas objetivas y subjetivas del conflicto armado para que cese el genocidio de los líderes sociales en Colombia.

*CUT BOLÍVAR

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