La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció, el 2 de enero, que no le dará el 82,16% de las acciones de la Triple A a la Empresa Alumbrado Público de Barranquilla SAS, hasta que la Contraloría General revise la venta celebrada durante el gobierno de Iván Duque.
La SAE acogió la recomendación de la Superintendencia de Servicios Públicos (SuperServicios), que le encontró cuatro reparos a ese negocio.
El primero fue la falta de evidencias (un análisis de costo-beneficio) para celebrar una venta bajo enajenación temprana, figura jurídica usada en la cesión de bienes en procesos de extinción de dominio, aún sin sentencias definitivas.
Desde 2018, la SAE maneja las acciones de la Triple A que eran de la española Inassa, porque la Fiscalía investiga un desfalco ocurrido entre 2000 y 2017, en esa empresa.
Que la venta de acciones se hiciera sin competencia, en lugar de celebrarse a través de subasta pública o sobre cerrado, fue el segundo cuestionamiento de la SuperServicios. Para esa entidad, la SAE desconoció los principios legales de transparencia y objetividad, establecidos en la Ley de Extinción de Dominio.
Con su tercera razón, la SuperServicios adujo a un posible detrimento patrimonial, pues el paquete accionario, según escenarios conservadores del Banco de la República y de información reportada por la Triple A, está valorado en $1,9 billones y no en los $565.000 millones pactados en diciembre de 2021.
Y con la cuarta razón la SuperServicios señaló un posible beneficio a favor de terceros privados. Antes de la enajenación, la SAE (que es pública) manejaba el 82,16% de las acciones, mientras que el Distrito de Barranquilla el 14,5% y los privados solo tenían el 3,34%; es decir, el 96,66% de la empresa estaba en manos públicas desde 2018.
Con la enajenación a Alumbrado Público (empresa mixta con el 35% de capital privado), la participación pública disminuyó en 23%, a partir de diciembre de 2021, dijo la SuperServicios.
Entre los privados detrás de esa empresa están el zar de las basuras William Vélez, con quien el presidente Gustavo Petro se enfrentó por la concesión de las basuras cuando era alcalde de Bogotá, y los hermanos Christian y José Manuel Daes, contratistas de Barranquilla y con vasos comunicantes con la campaña presidencial de Petro.
Aunque en 2022 los Daes le cedieron sus acciones de la Triple A a la Alcaldía de Barranquilla y ahora no son mencionados por funcionarios nacionales, como sí lo ha sido William Vélez, estuvieron involucrados en la cuestionada enajenación temprana.
Ahora será la Contraloría General la entidad que determine la legalidad de un negocio que la Alcaldía de Barranquilla defiende. La próxima semana debe celebrarse una primera mesa de trabajo: está en juego el servicio de agua potable de 2,4 millones de habitantes.
*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.
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