La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República dijo la semana pasada, en W Radio, que en la venta de acciones de la Triple A, celebrada en diciembre de 2021 durante el gobierno de Iván Duque, hubo “un posible peculado por apropiación a favor de terceros”.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, también dijo que esa venta se hizo por $565.000 millones, $300.000 millones menos que los activos de la empresa barranquillera de alcantarillado y acueducto.
El privado en cuestión es la Empresa de Alumbrado Público de Barranquilla, donde tienen participación accionaria los hermanos Christian y José Manuel Daes, y el zar de las basuras William Vélez.
A esa empresa, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra los bienes en proceso de extinción de dominio en Colombia, le vendió el 82,16% de las acciones bajo la figura de enajenación temprana: estrategia jurídica usada para transferir el dominio de un bien o propiedad.
Esa transacción se facilitó con un artículo de la reforma tributaria de 2020, que allanó el camino para que se hiciera de manera directa y evadiendo la posibilidad de un concurso público, informó La Silla Vacía.
Hasta 2018 la española Inassa, filial de Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid, fue el principal accionista de la Triple A. Ese año las acciones pasaron a manos de la SAE por petición de la Fiscalía colombiana, que investiga unos pagos fraudulentos, ocurridos entre 2000 y 2017 e involucran a altos directivos colombianos y españoles de la empresa barranquillera.
Los pagos investigados por la Fiscalía generaron un posible detrimento de $236.000 millones. De hecho, en una de sus actuaciones recientes, ese ente imputó el 27 de noviembre a Nelson Polo Carbonel, en su condición de directivo y accionista. Él es señalado de participar en “maniobras que permitieron la apropiación irregular de $23.379 millones”.
Que la SAE le haya entregado las acciones a la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Empresa de Alumbrado Público, generó un litigio internacional entre Colombia y España, porque aún no hay una sentencia judicial contra Inassa y sus acciones estaban embargadas; es decir, no las había perdido cuando el gobierno Duque las vendió. En agosto pasado los hermanos Daes anunciaron la “donación” de su participación en la Triple A como un “gesto colaborativo y de solidaridad” a favor de Barranquilla. Sin embargo, esa fue una acción estratégica por todo el litigio que hay detrás.
Todas estas denuncias por el mal manejo financiero de la Triple A se dan en una coyuntura de quejas frecuentes de los usuarios por mal servicio. Atrás quedaron los años en que esa empresa decía que en Barranquilla se podía tomar el líquido de la llave. Hoy, por el contrario, su nombre no solo es sinónimo de corrupción, sino de agua turbia.
*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.
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