Las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre tienen un valor excepcional para Cartagena, Colombia y América Latina. La historia resalta este hecho como uno de los más importantes en esa gesta independentista de la dura época de la Colonia. Es tan importante que el país tiene un día festivo, para conmemorar tan importante fecha. Aunque esta festividad ha tenido algunos cambios, como pasar de las fiestas populares a las fiestas de independencia, finalmente han buscado mantenerlas, preservarlas y protegerlas, aunque haya críticas y constantes observaciones por la manera en la que algunos se han beneficiado.
Con esta conmemoración Cartagena recuerda y celebra haberse liberado del yugo español, de acabar con la esclavitud y lograr la tan anhelada libertad en esa época. Pero en la actualidad, el tema pretende devolvernos en el tiempo. De manera tajante e impositiva, el director del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Óscar Uriza Pérez, entregó “a dedo” la organización de las fiestas a una firma de Medellín. La manera en la que lo justifica resulta hiriente contra todos esos mártires que se dieron la pelea porque Cartagena fuera libre.
Ante los cuestionamientos, el funcionario respondió a los medios de comunicación, argumentando que esta empresa solo iba a gerenciar las fiestas y que el trabajo lo harían los cartageneros. Es decir, ¿no tienen los cartageneros la capacidad de administrar, solo de cargar cables, instalar tarimas? Es como si volviéramos 211 años atrás y solo nos usan para el trabajo del peón. Es inaceptable que Instituto de Patrimonio sea el que pisotea la historia, el que nos devuelve en el tiempo y descalifica nuestras capacidades.
Según dijo Óscar Uriza, un estudio demostró que el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor era el que tenía la capacidad para organizar las fiestas. ¿Acaso no tenemos empresas con esa capacidad? O es que el tema va por lo que dice la secretaria del Interior ocurre en la ciudad y es que “Cartagena es un negocio redondo”. Y aunque varios empresarios levantaron su voz de rechazo y hasta fueron respaldados por el Consejo Gremial, finalmente no han significado nada.
Cuesta entender por qué en Cartagena es normal guardar silencio y que en este tipo de situaciones las agremiaciones son silenciosas, prefieren ver el negocio redondo dar vueltas, aunque se sientan excluidos. Resalto lo dicho por el empresario Rodrigo Maldonado, no puede ser ley quedarse callados para evitar la fatiga.
Este contrato, por $2.014.982.144 millones, repito: fue entregado a dedo, pese a que una directiva presidencial enfatiza que no se deben celebrar contratos interadministrativos para eludir la Ley 80 de 1994. Para eso sí se rompe el hilo con el Pacto, ahí no aplica lo dicho por “nuestro presidente Petro”.
¿Dónde están los defensores de las fiestas, se los tragó el tiempo o también entraron en el negocio redondo y quedaron atrapados en la rueda?
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