Columna


¿Qué tiene de especial la ley del PND?

JAIME BONET

14 de mayo de 2023 12:00 AM

El Congreso aprobó el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND). Como en los gobiernos anteriores, la aprobación del plan se convierte en una de las negociaciones más complejas en el parlamento. Vale la pena darle una mirada al tipo de ley que tiene el PND, que lo hace especial en el ordenamiento jurídico del país.

La Constitución Política contempla que el PND es una ley orgánica, lo cual otorga un estatus especial que permite abordar diversos temas y, a su vez, requiere un trámite diferente. Las leyes orgánicas tienen una jerarquía intermedia entre las estatutarias (más complejas) y las ordinarias (más simples). Las orgánicas expiden normas que desarrollan la constitución en determinados temas, dentro de estos se contemplan la preparación, aprobación y ejecución del PND. Su aprobación debe hacerse por mayoría absoluta en un solo periodo legislativo.

El PND se reglamentó en la ley 152 de 1994, donde se estableció que contaría con principios de viabilidad, coherencia y planeación. A la vez, priorizaría el gasto público pretendiendo una consolidación progresiva del bienestar general. Debe tener dos grandes componentes: (i) una parte general en donde se plasma la visión de desarrollo del gobierno de turno; y (ii) un plan de inversiones que debe incluir los recursos disponibles y cómo se gastarán.

A los seis meses de la posesión del presidente, el proyecto del PND debe ser presentado ante el Congreso de la República, donde se realizan los debates correspondientes en las comisiones de asuntos económicos de ambas Cámaras en sesión conjunta, en un plazo improrrogable de cuarenta y cinco días. En caso de que el Congreso no apruebe el PND en el término señalado, el Gobierno podrá poner en vigencia, mediante decreto con fuerza de Ley, el proyecto presentado.

El poder superior de una ley orgánica hace que la discusión en el Congreso sea bastante compleja. Alejándose de la planificación de mediano plazo, en el PND se intentan introducir distintos temas que tienden a realizar modificaciones constitucionales al margen, sin requerir una ley estatutaria. En esta ocasión se abordaron tópicos como los pagos del sistema de salud, la compra de tierras para una reforma agraria y la contratación estatal, entre otros.

Por otro lado, la obligación de aprobarlo en un tiempo determinado hace que la negociación sea intensa. El Congreso no quiere dejarle al Gobierno nacional la expedición por decreto del proyecto presentado porque no podría introducir modificaciones. A su vez, para el Gobierno la no aprobación puede verse como un escaso poder frente al Congreso.

Todo esto hace que, en algunos casos, el PND sea en una colcha de retazos que impiden lograr una visión de planificación de largo plazo. Al final, se convierte en un instrumento de ejecución de recursos atomizados en muchos proyectos y en mini cambios constitucionales diversos sin un estudio profundo.

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