Ayer la Registraduría Nacional envió a los medios un comunicado que se iniciaba así: “El capítulo 122 del programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Registra TV, que se emite este sábado 19 de noviembre a las 10:00 pm por el Canal Institucional, entrega una explicación a los colombianos sobre la aplicación de biometría en Soledad, Atlántico, en 6 municipios del Valle del Cauca, Meta, Guajira, Bolívar y Córdoba, durante la jornada electoral del pasado 30 de octubre.
“El tema será desarrollado por Martín Fernando Salcedo Vargas, Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación y Jin Anthony Cotrino Sossa, Director Nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
La aplicación de la biometría a las elecciones y más concretamente a la identificación de los electores para evitar la corrupción mediante la suplantación de votantes, es una noticia excelente. Pero quizá la Registraduría tendrá que hacer mucho más en tecnología y procedimientos para blindar las elecciones futuras, porque podría haber quienes violan su protección, al poder alterar los datos electorales a su antojo.
Las denuncias interpuestas antier por Luis Guillermo Otoya, quien le dijo a El Universal que está seguro de haber descubierto la manipulación electrónica fraudulenta de la votación para Concejo de Cartagena (al que aspira Otoya), proceso que describimos en la edición de ayer de El Universal y a la que se vuelve a referir esta edición, dejan frío a cualquiera. Ayer Otoya denunció penalmente a los presuntos implicados. Si todo lo que dice Otoya es cierto –y su explicación es muy convincente- se configuraría nuevamente aquella máxima de la corrupción que reza “hecha la ley, hecha la trampa”.
Según Otoya, quienes manipularon los resultados electorales, principalmente borrándoles votos a varios aspirantes para rebajar el umbral y asegurar el acceso de algunos a la corporación edilicia, dejaron una huella imborrable en el sistema de la Registraduría cuyos analistas de sistemas podrán comprobar. Es de suponer que si el sistema tiene esa “trazabilidad”, también puede identificar a los posibles manipuladores mediante las claves usadas para acceder al sistema.
Suponemos que la Registraduría puso a buen recaudo los votos físicos de la periferia para recontarlos, ya que servirían para justificar los cambios que pretendían hacer, aunque el sistema de fraude fuera innovador, ya que usualmente se le añaden votos a los interesados en vez de restárselos a otros, aunque según Otoya es posible que se hayan hecho ambas cosas.
Suena a lugar común decir que las autoridades deben llegar al fondo de esta denuncia pública y penal hecha por Luis Guillermo Otoya para probarla o rechazarla, no dentro de unos días, semanas o meses, sino de inmediato, ya que como mencionamos, la trazabilidad del sistema debería dejar la huella clara de lo sucedido –si sucedió algo- y de quién lo hizo, o al menos, de cuál fue el eslabón más débil y quién o quiénes eran los encargados de custodiarlo y no lo hicieron.
La solidez electoral de la democracia colombiana y la de sus funcionarios no debería quedar en duda, como está ahora.