En el año 2007, el programa gubernamental Banca de las Oportunidades intentó remover todas las barreras entre el sistema financiero y los colombianos de menores recursos que quieren emprender su propio negocio, pero que por el pequeño tamaño y la carencia de garantías, no son sujetos de crédito.
Al cabo de siete años, el programa ha venido transformándose de distintas maneras, pero no ha tenido la colaboración del sector privado, que más que aumentar el número de personas que tienen acceso a los servicios financieros, principalmente los préstamos para actividades productivas, se han dedicado sobre todo a abrir nuevas oficinas en lugares remotos.
En la dinámica social y económica del país, la imposibilidad de acceso a la financiación a través del crédito bancario para la microempresa o para las personas particulares que tienen negocios pequeños ha impulsado históricamente, y lo sigue haciendo, la aparición y el desarrollo de los prestamistas privados e ilegales, que cobran intereses decenas de veces la cifra establecida como usura, pero al que han debido acudir millones de personas sin otra alternativa.
Es precisamente el llamado tope de la tasa de usura el que esgrimen las instituciones financieras para negarse a otorgar créditos pequeños, con el pretexto del deterioro de la cartera.
Esa actividad abusiva e ilícita de los prestamistas no formales es la que intenta combatir la Banca de las Oportunidades, con éxito limitado porque los fondos estatales no son suficientes para financiar todos los emprendimientos pequeños y la banca sigue sin incrementar el otorgamiento de préstamos a este sector de la economía, cuyo desarrollo podría contribuir grandemente a reducir la brecha social.
Las modalidades de préstamos ilegales se han multiplicado, y en Cartagena una de las más extendidas es la de los llamados “prestadiarios”, cuyas transacciones y cobros son inmediatos, como lo indica su nombre, y como los beneficiarios no tienen garantías para respaldar el préstamo, los prestamistas decidieron que el único aval posible es la propia vida y la integridad del deudor.
En Cartagena, se sabe que el monto que mueven las operaciones de los “prestadiarios” es enorme, aunque no existe un cálculo exacto debido a su carácter ilegal. Y como esta actividad es causa directa de muchos crímenes, es obvio que representa un grave problema social, económico y de seguridad.
La Banca de las Oportunidades ha cumplido plenamente con su objetivo de promover el acceso a servicios financieros a familias pobres, hogares no bancarizados, microempresarios y pequeña empresa. Este programa hace parte de la política de largo plazo del Gobierno nacional, dirigida a lograr el acceso a servicios financieros para la población de bajos ingresos con el fin de reducir la pobreza.
Pero de nada sirve este inmenso esfuerzo gubernamental, si la banca privada, cimiento y eje de la economía de un país, se niega a abrirse a esta población pobre, no como limosna, sino con facilidades de pago y bajos intereses.