Sin duda alguna lo que está generando la pandemia, aparte del dolor y las lágrimas esparcidas por todo el mundo, deja al descubierto graves fisuras en el tejido social causadas por el consumismo desbordado que ha trasgredido las sagradas leyes naturales. Y aun cuando las heridas sociales se ven por todos lados, es evidente que el sector sanitario es el más deteriorado pues la avaricia de politiqueros y empresarios inescrupulosos convirtió el derecho a la salud en una mercancía.
En Colombia, desde las orillas académicas y humanísticas, se ha demostrado hasta la saciedad que la Ley 100 de 1993 trastocó el enfoque tradicional de la salud, antes centrado en el ser humano y en su familia, por el afán de lucro sin importar las nefastas consecuencias que hoy desnuda la pandemia.
En un Estado Social de Derecho, como se declara Colombia, la salud es de esos derechos miles de veces vulnerado sin que nuestros sistemas de justicia y de rechazo social reaccionen de maneras enérgicas y oportunas para evitar que se perpetúen la injusticia, la inequidad y el mal ejemplo.
Con el paso de los años se dictaron cientos de normas e incluso hasta una ley estatutaria en procura de soluciones teóricas a un problema práctico de acceso a los servicios de calidad sin talanqueras. Igualmente, la llamada “Ley de punto final” busca, con los impuestos de los colombianos, pagarle a las clínicas y hospitales las altísimas y vetustas deudas contraídas por las EPS en un franco desafío a la justicia y a la decencia.
Y, ¿qué decir el gremio médico y paramédico? Les castraron la autonomía, la ética y la dignidad, convirtiéndolos en obreros de la profesión médica después de más años de estudio que cualquier otra profesión, pésimamente remunerados, muchísimas veces subcontratados sin las mínimas prestaciones sociales; pero hoy los colmamos de aplausos, convirtiéndolos en héroes, pero también en mártires, obligándolos a estar en la primera línea de batalla contra el feroz enemigo y sin dotarlos de las mínimas condiciones de bioseguridad, como lo demuestran las recientes muertes de miembros de ese menospreciado gremio.
En Cartagena de Indias y en el departamento la situación es aún más desastrosa. Después de largos años de rapiña politiquera, desalmados dirigentes parecen no enterarse de lo que nos espera en una ciudad donde la inmensa mayoría de sus centros y puestos de salud fueron destrozados por la corrupción sin que aún brille la justicia; y el temor se incrementa al observar la situación financiera, estructural y de equipamiento de los hospitales y clínicas donde se atiende a los pacientes más humildes.
Pero llegó el momento de poner cada cosa en su lugar, comenzando por devolverles el respeto y la dignidad a ese ejército de batas blancas que nos cuida, exponiendo sus vidas y las de sus familias, restableciéndoles, de una vez por todas, sus derechos laborales y la protección de su salud para que no salgan de sus hogares a librar una batalla tan desigual, sino a continuar a hacer vivo el juramento que Hipócrates les legó para bien de la humanidad.