En nuestra edición del jueves pasado se publicó denuncia sobre la edificación de un nuevo hotel en zona protegida, en el área de las veredas de Marlinda y Villagloria, que se levanta con una naturalidad como si hubiesen quedado atrás las órdenes del Consejo de Estado dadas en sentencia de 2017, en la que dispuso mandatos que en su momento se creyeron de pronto cumplimiento, pero que parecieran ya no tener vigencia.
En la sentencia se ordenó al Distrito de Cartagena de Indias restituir el espacio público ocupado por las comunidades asentadas en aquellas dos veredas ubicadas en el corregimiento de La Boquilla, y reubicar a las familias asentadas en esos sectores, en viviendas dignas construidas para ese fin y dotadas de todos los servicios públicos domiciliarios, las cuales se tendrían que edificar en un predio a no menos de dos kilómetros del litoral, observando los usos del suelo regulados en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Desde 2017, y durante las subsiguientes administraciones interinas hasta la que concluyó en diciembre 31 de 2019, se desplegaron algunas actividades de entre las que se destaca el Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018 relativo a los estudios necesarios para la propuesta de reubicación de los nativos de Marlinda y Villagloria, el cual abordó la formulación del proyecto urbano residencial, la estructuración del proyecto urbanístico e inmobiliario, la estructuración de los mecanismos de coparticipación de las entidades vinculadas, y el desarrollo del proceso de participación y concertación con estas comunidades.
En el proceso, al final de 2019, tal como lo reconoció la actual administración en la citación al Concejo Distrital en debate citado en abril de 2020, encontró en el informe de empalme tal documentación, incluidas las mencionadas concertaciones, reuniones ante el Ministerio de Vivienda –entidad que está vinculada en el fallo del Consejo de Estado–, y actas de las visitas realizadas con la comunidad a tres lotes que, de conformidad con la normatividad vigente (como se exige en la sentencia), se podían habilitar para el cumplimiento de las órdenes judiciales ya resumidas. Aun cuando voceros de las comunidades no se decidieron en ese momento por ninguna alternativa, es importante conocer cuáles son los nuevos avances y logros en lo que va corrido de la actual administración.
Es probable que se deba iniciar la habilitación del suelo de la o las opciones que finalmente se escojan para la reubicación de los dos asentamientos, para lo cual se podría considerar como vía jurídica la modificación excepcional del POT, incluso aprovechando para incluir el tema de parqueaderos y demás necesidades que Camacol Bolívar ha indicado.
Lo avanzado en los tres años pasados no debe perderse. La Secretaria de Planeación Distrital puede aunar esfuerzos con otras entidades locales y nacionales para dar cumplimiento al fallo, lo cual permitiría liberar esta reserva ambiental, que no cesa de padecer agresiones devastadoras, y ahora hasta con la construcción de hoteles edificados sin empacho alguno.