Los costeños con razón nos quejamos del centralismo agobiante por el cual difícilmente se mueven las cosas si no interviene Bogotá, hacia donde deben dirigirse las diligencias para que se desaten trámites y procesos, lo que perpetúa la dependencia de las provincias a un poder central que determina, no siempre con conocimiento de causa, hacia dónde, cuánto, cuándo y por medio de quiénes se deben hacer las inversiones en las regiones.
Pero varios investigadores han hecho ver que la expresión correcta es recentralización, en la medida que el país había logrado, gracias al impulso descentralizador de los años 80 e inicios de los 90, trascendentales reformas concretadas en la Constitución de 1991 y sus desarrollos en el régimen inicial de participaciones y regalías.
Este lunes publicamos la entrevista al abogado y magíster en Derecho Económico y PhD en Estudios Políticos, Julián López Murcia, a propósito de su más reciente libro ‘Recentralización en Colombia’, en el que reconstruye la historia de las reformas recentralizadoras en el país, y advierte sobre las posibles causas que han provocado ese retorno al control asfixiante de la capital ante las provincias, destacando las crisis económicas, algunas globales y otras internas, así como también por auges económicos.
En el primer caso, esto es, por una crisis económica en un contexto descentralizado, en la administración de Andrés Pastrana; y por auges económicos en contextos recentralizados, durante las administraciones de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
El análisis indica que la recentralización ha obedecido al cruce de dos factores: desempeño económico y contexto institucional, que se concretaron en las reformas constitucionales sobre participaciones y regalías de los años 2001, 2007 y 2011, y sus desarrollos legislativos.
La tesis, en la práctica, propugna porque solo han ganado con las consecuencias de la recentralización, los tecnócratas y los políticos de influencias regionales.
En efecto, el manejo irregular de regalías, participaciones y otros recursos transferidos por el Gobierno nacional, por parte de sus ejecutores en las provincias (alcaldías y gobernaciones), les dieron argumentos a los tecnócratas sobre la conveniencia de manejar su gestión desde Bogotá. Por su parte, las redes clientelares ganaron interlocución en la capital para gestionar en ministerios y departamentos administrativos los presupuestos y asignaciones que, obviamente, han favorecido más a aquellas regiones o municipios que cuentan con dirigentes que han sabido cabildear de manera expedita los presupuestos, que otros representantes de administraciones locales.
Hay que aprovechar el declive del ímpetu recentralizador de la administración Duque y la instalación de la Misión de Descentralización de cara al cambio de Gobierno, comprometiendo a los candidatos presidenciales con un retorno a la verdadera descentralización.