Según noticia que publicamos el lunes, en relación con la situación por la que atraviesa la Universidad de Cartagena de cara a la sentencia que condenó a restituirle a Ecopetrol 49 mil millones de pesos que percibió por concepto de una tasa impositiva sobre las exportaciones de petróleo desde el Puerto de Cartagena, más los abultados intereses, tranquiliza la confirmación de la mesa de trabajo estratégica instalada por el gobernador de Bolívar, con la intención de encontrar soluciones legales que garantice la continuidad académica de la institución.
Es un buen momento para que la U de C revise su situación económica y adopte decisiones de fondo para superar las adversidades que, sumadas al pleito con Ecopetrol, amenazan con su sostenibilidad.
Entendemos que el total de la deuda pública de la universidad sumando la deuda y pasivos en $94.204 millones, y la sentencia de Ecopetrol por $200 mil millones, es de $294.204 millones, lo que, confrontando el presupuesto de 2023, por $389.076 millones, equivale al 75% del total.
Pudo ser un error que no se hayan tomado medidas de previsión financiera para prepararse en caso de una condena, o la confección de un plan alternativo para superar las complejidades de un eventual fallo judicial, más de allá de concitar a la defensa de la Universidad por la sociedad, algo que, evidentemente, no iba a faltar. Por ello, analizadores de estos temas sugieren fortalecer los mecanismos de defensa judicial, para que haya una mejor evaluación de los posibles efectos de sentencias adversas sobre su estructura y perfil financiero.
Como lo han señalado otros analizadores, incluidas calificadoras de riesgo, es sustancial que las directivas afinen las estrategias dirigidas a profundizar la generación de ingresos en busca de mayor autonomía financiera, aguzando las gestiones de recuperación de cartera para disminuir la necesidad recurrente de acudir a créditos de tesorería.
En esa misma línea de recomendaciones, retomar la generación de utilidades operacionales, en armonía con las metas planteadas en su Plan de Desarrollo, dirigidas a fortalecer sus indicadores financieros, deben enfatizarse.
La Gobernación de Bolívar juega un papel importante por la deuda que tiene, así como se espera que se concrete el acuerdo de concurrencia pensional.
Un análisis sobre su estructura de funcionamiento, singularmente el costo de la contratación de personal administrativo, de servicio y docentes, es pertinente. Nunca ha sido aconsejable la alternativa de la contratación por fuera de nómina, salvo los docentes de determinadas cátedras, pues la vocación a la contratación de prestatarios de servicios independientes no contribuye a la estabilidad de esa estructura y puede caerse en la tentación de utilizar este mecanismo, que riñe con la contratación de trabajadores y docentes fijos.