Como ya se dijo en otra ocasión, sería una afrenta que los cartageneros tengamos que pagar por la porquería que nos mandan los demás colombianos por el Magdalena y el Dique.
Es todo lo contrario: la Nación es la llamada a indemnizarnos por lo que nos hizo, para favorecer los intereses de la entonces estatal Ecopetrol, al haber acabado con el diseño inteligente del Canal original, para convertirlo en la hidrovía que nos tiene asimilados al sumidero de la mitad de la nación, con la destrucción de la que fue otrora límpida Bahía en la que tantos cartageneros nos bañamos con inocencia.
La legislación mundial parte de un precepto: ‘El que contamina paga’. Cartagena es la afectada por la contaminación y sedimentación del Canal del Dique y el río Magdalena... no la causante. Quien es responsable de producir contaminación debe asumir los costos asociados a la prevención, reducción y control de esa contaminación, pues tales costos por el daño o el riesgo de daño ambiental deben ser cargados al contaminador.
Si se cobra, sumándose a la valoración por la Ruta Costera, las tarifas de energía con pérdidas incluidas, la Protección Costera paralizada, tenemos en grave riesgo de inviabilidad a la industria turística, singularmente la de Bocagrande, que es el sector hotelero de la ciudad, esto es, lo que reemplazará al petróleo.
Los cartageneros tienen el derecho de preparar la demanda de indemnización contra la Nación por este daño que nunca hemos cobrado, por solidaridad. Cuando se aprobó el cierre financiero del Proyecto, todos sentimos que tanto el anterior Gobierno como el actual, habían hecho justicia a ese gran daño.
Cerramos este editorial con equivalentes palabras que el de enero de 2023, época en que, desde el Gobierno, hablaron de este tema, cuando entendimos que la idea se había abandonado ante la evidencia de que el cierre financiero del proyecto pasó hacía rato; que el Distrito y el Departamento habían asignado los recursos a los que esta región se comprometió, con lo cual ya la ciudad puso su parte, con los impuestos recogidos de los cartageneros; que hecha la licitación y adjudicada la obra, cualquier iniciativa de riegue de valorización será ilegal y extemporánea; que es un asunto de altísimo interés nacional mantener la Bahía abierta para la navegación y operatividad de la Base Naval ARC Bolívar, la mayor flota naval de la nación. ¿O es que el Gobierno estaría dispuesto a que la obra no se haga porque acá nos negaremos a asumir una valorización por un proyecto que el país necesita, debido a su propia responsabilidad, pues es claro que la porquería y el sedimento de la Bahía no la causaron los cartageneros?
Y, si de discriminación contra determinados cartageneros se trata, baste decir que aquí habitan felizmente una buena cantidad de cachacos, paisas, santandereanos y de tantas regiones que sí sienten a Cartagena como propia.