Se recibe con beneplácito la decisión del presidente Petro, de que la Nación asuma la deuda asociada con la ‘opción tarifaria’, debido a que supondrá la reducción de la tarifa mensual de energía eléctrica.
La opción tarifaria fue el modelo escogido por el gobierno de Iván Duque para aliviar temporalmente a las familias colombianas durante la pandemia. En ese tiempo no se aplicaron los incrementos que correspondían, los cuales se han aplazado esperando a que se acabaran aquellos días aciagos. Ya en la normalidad, corresponde a los colombianos asumir esa deuda, lo que ha implica un incremento entre el 7% y 19% en la tarifa mensual, por cuanto hay que resolver la deuda que se acumuló, de la que hoy queda un saldo aproximado de 5 billones de pesos, de los cuales el 50% corresponde a usuarios de la Costa Caribe.
Es claro que sería, de aprobarse, una solución que beneficiará a todos los colombianos, con lo cual no está diseñada solo para los usuarios del Caribe; en consecuencia, los problemas de encarecimiento propios o singulares de la Costa Caribe no los resuelve esta solución general.
Por supuesto que ayudaría –y mucho– a los costeños esta solución, y hay que valorar como muy positivo este gesto anunciado por el presidente Petro esta semana; pero es claro que las causas que pesan en singular para las gentes del Caribe no se solucionan solo con este anuncio, que debe alegrarnos a todos los colombianos.
Incluso, esta decisión debe aún concretarse, lo que puede demorar si se tiene en cuenta que debe pasar por el Congreso de la República, que tendría que conferir la autorización si se opta por la emisión de deuda pública y porque el Estado asumiría una deuda de los particulares, asuntos en que el Ejecutivo no tiene competencia. Conviene entonces que el Gobierno, como lo proponen varios expertos, reasigne recursos disponibles en el Presupuesto General de Nación, lo que impediría elevar la relación de deuda en relación con el PIB. Pero es de esperar que, en algún momento, el Gobierno nacional y la CREG finalmente se ocupen de los problemas tarifarios específicos de la Costa Caribe que, como tantas veces se ha dicho, se contraen a la insoportable asunción de las pérdidas no técnicas, que representan el mayor peso en las tarifas de esta región del país, y a los cargos por restricciones que vienen asumiendo los usuarios.
Se necesita también que el Gobierno tome una decisión sobre las siete propuestas presentadas por Afinia para reducir el costo de las tarifas, como aquella de ajustar los indexadores de contratos a largo plazo, con los generadores para las empresas comercializadoras (Air-e y Afinia) que atienden al mayor número de usuarios vulnerables, o la de socializar las pérdidas adicionales de la demanda nacional, distribuyendo el valor de las pérdidas reconocidas en la Costa Caribe entre todos los usuarios a nivel nacional, entre otras.