Ante la posición del Gobierno frente a la realidad energética del país y los últimos pronunciamientos de los gremios y empresas del sector de hidrocarburos y generación eléctrica, es inevitable preguntarse cómo hacer para que no terminemos de perder nuestra soberanía energética en el camino de la transición hacia las fuentes renovables.
No puede ser que ahora el temor sea cómo, mientras buscamos que se instalen y funcionen más plantas solares y torres eólicas, ralentizamos la altísima probabilidad de que lleguemos a un racionamiento eléctrico por cuenta de los pocos proyectos que proveerán las crecientes necesidades y que, además, estén listos cuando se necesiten y con las suficientes redes interconectadas al sistema nacional, singularmente desde la Costa Caribe.
Cómo no sentir inquietud si la producción de petróleo y gas caen sucesivamente sin que haya un mensaje en el alto Gobierno de que se tienen claros los efectos que esto va a propinar a la existencia de la vida en relación desde tantos puntos de vista, incluido el inevitable encarecimiento de las facturas por consumos de estos servicios, que dependerán cada vez más de las onerosas importaciones.
Se valora el interés del Gobierno en profundizar la generación y transmisión de energías limpias para poner la economía colombiana en el siglo XXI; pero no puede ser a punta de la pérdida de la soberanía energética y a un costo que desangre la economía de la familia colombiana y de la empresa como factor de sostenimiento de las finanzas públicas y privadas.
El que el país por primera vez en 45 años haya tenido que acudir al mercado internacional para solventar el consumo de los usuarios de gas natural es absolutamente doloroso. Perder la autosuficiencia no tiene ningún sentido ni aún en el escenario propositivo de la protección del planeta pues el gas es la fuente ineludible para propiciar la transición.
La ideología sobre la sustitución de las fuentes no renovables por las limpias no resuelve por sí sola la insuficiencia de energía; sin datos y evidencias concretas, sin planeación y ejecución, bajo una mirada preventiva de mediano y largo plazo no será posible que el Estado cumpla a los ciudadanos la promesa de proteger sus derechos e intereses generales.
Por eso, cobra importancia el pronunciamiento que los gremios del sector energético acaban de hacer sobre la necesidad de un diálogo serio, técnico y respetuoso que ponga en el centro a los ciudadanos y no sacrifique la estabilidad jurídica que garantiza el abastecimiento energético para la población colombiana en todos los estratos, lo que debería merecer una respuesta sensata y sustentada del equipo de gobierno implicado o responsable en este sensible tema.
Ya no más improvisación, pero sí más diálogo respetuoso y constructivo para avanzar hacia una transición energética justa, sostenible y viable para todos.