Aunque han pasado solo dos meses desde que entró en vigor el nuevo salario mínimo, cuyo incremento fue del 23%, ya se perciben los efectos en la destrucción de empleo formal, lo que fue advertido a tiempo al Gobierno nacional, y que era fácilmente previsible para cualquier lego en la materia.
En diversos eventos el Gobierno ha presentado como un gran logro que el desempleo esté, en promedio nacional, en el 10,9%; pero ha faltado un discurso que explique por qué, de las planillas de las empresas, se infiere que nos adentramos a una erosión del empleo formal, que no ha sido capaz de absorber los efectos de un incremento desconectado de la realidad productiva del país.
Era previsible que los sectores que más dependen de mano de obra serían los más vulnerados. Los datos del Dane lo confirman: en apenas 31 días de vigencia del nuevo salario, se destruyeron 149 mil empleos en Comercio y reparación de vehículos, 109 mil en Alojamiento y servicios de comida y 39 mil en Actividades inmobiliarias, con lo cual la población perjudicada por el alza —sumando los que perdieron su puesto y los que dejaron de ser contratados— ronda las 250 mil personas.
Y el caso Cartagena no es diferente del panorama nacional; y si en otras ciudades hay algunas razones para celebrar una baja leve del desempleo, en nuestra ciudad esta tasa ya va por el 14,6%, un salto de más de 4 puntos frente al año anterior, siendo el del desempleo Juvenil el 25,3% (uno de cada cuatro jóvenes está fuera del mercado).
Así mismo, la informalidad supera el 50%, significando que la mitad de la fuerza laboral sobrevive hoy en el rebusque, lejos de las prestaciones sociales que el aumento salarial pretendía proteger, lo cual no era posible pues las decisiones relativas al incremento del salario mínimo solo interpretan el sentido de las centrales obreras cuyos empleadores suelen ser empresas de gran tamaño, singularmente en la industria y la banca, pero desatienden los intereses de la mayoría de los trabajadores colombianos, que no están vinculados con contrato de trabajo formal, sino que pertenecen al enorme grupo de empleo no asalariado, o por cuenta propia, lo que supondría que el choque del salario mínimo estaría frenando la formalización, como lo advirtieron varios analistas.
Ya entrados en marzo queda claro que, si el desempleo bajó al 10,9% considerando la destrucción de cientos de miles de empleos en el comercio, se debe al gasto público, en tanto que Administración Pública, Defensa, Educación y Salud inyectaron 172 mil trabajos adicionales, representados especialmente en órdenes de prestación de servicios (OPS), expedidas antes de la Ley de Garantías más que por una dinámica genuina de mercado.
Esto se demuestra en la siguiente medición se estaría comprobando que estamos sustituyendo empleo productivo privado por empleo burocrático financiado con impuestos.