Las declaraciones que este martes publicó, en un hilo en su cuenta de X, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, en cuanto a que el país está “a solo 10 días de un deterioro económico sin precedentes”, no pueden pasar desapercibidas.
Se refería al Impuesto al Patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026, por el cual miles de empresas quedarán expuestas al no pago del tributo, por física imposibilidad de hacerlo, mencionando la diferencia que hay entre un recaudo eficiente versus otro que en el fondo asfixia al tejido productivo.
Si a lo anterior se suman los análisis que entidades como BBVA Research, Corficolombiana y el Observatorio Fiscal de la Javeriana, entre muchas otras, vienen haciendo sobre diversos tópicos de la economía colombiana, tendríamos que concluir que comenzamos a atravesar un periodo de incertidumbre y fragilidad estructural, de cara al inicio de la desaceleración del crecimiento, aupada por el deterioro fiscal acumulado desde la pandemia y una inflación que ya comienza a ser persistente, considerando que los motores que impulsaron la actividad en años recientes se están ralentizando (el consumo y el gasto publico).
De hecho, las proyecciones de crecimiento para la vigencia fiscal 2026 oscilan entre el 2,3% y 2,8% debido al agotamiento del consumo de los hogares y a la inversión privada, que está en mínimos históricos (16% del PIB), considerando el bajo desempeño de sectores esenciales para la productividad, como la construcción, la minería y la industria.
Un símbolo claro de lo desequilibrada que está la economía es que ya las remesas son superiores a las exportaciones de petróleo, con lo cual el principal factor externo de sostenimiento es el bolsillo de los colombianos que nuestro país expulsó, quienes contribuyen con divisas al sustento de sus familias.
Así, será muy difícil cubrir el déficit fiscal, que, estando en 6,4%, dolorosamente es comparable con las cifras de las crisis de los años 90. Qué interesante sería que desde el Gobierno se nos explique por qué tal desbalance lo estamos padeciendo si no hay choques externos o macroeconómicos que lo justifiquen; por el contrario, las causas pueden encontrarse en un gasto público que crece y crece muy por encima de los ingresos, llegando al 22,1% del PIB, cuyo primer efecto es que la disponibilidad de caja del Tesoro Nacional se mantiene en mínimos críticos ($6,6 billones), mientras que la deuda bruta asciende al 65% del PIB.
Ese gasto público incontenible no tiene mejor explicación que la necesidad del partido en el Gobierno de preservar el poder en las elecciones de este año, a cualquier costo, lo que también confirma la razón por la que el salario mínimo se incrementó a niveles que impajaritablemente subirían la inflación, el peor impuesto para los pobres.