Tiene sentido prestar atención a las observaciones hechas por las más de 115 empresas estadounidenses que representan una de las mayores fuentes de inversión extranjera directa, generación de empleo formal y transferencia tecnológica en el país.
Estas empresas, en el marco de la Sexagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria de Afiliados del Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia), celebrada en Bogotá en abril de 2026, revisaron un análisis sobre los factores que definirán el rumbo económico de nuestro país en el corto y mediano plazo.
El informe técnico es un diagnóstico sensato que debe ser discutido en el interior del Gobierno Nacional y, fundamentalmente, por los actuales candidatos a la Presidencia de la República, en tanto plantea cinco áreas críticas que hoy condicionan las decisiones de capital y la expansión de negocios en el país.
La primera de las cinco, sobre ‘Estabilidad Regulatoria y Seguridad Jurídica’, advierte que la planeación de largo plazo se ve seriamente afectada por cambios constantes en las reglas de juego e incertidumbre en la aplicación de normativas. Para que el capital se quede en Colombia es imperativo contar con marcos claros, consistentes y predecibles, que reduzcan el riesgo estratégico.
En la segunda, ‘Confianza Inversionista y Clima de Negocios’, se menciona que Colombia compite en un mercado global feroz por atraer capitales. La percepción de riesgo país y la necesidad de señales institucionales claras son determinantes para que los inversionistas nos elijan frente a otros mercados emergentes.
En la tercera, sobre ‘Seguridad y Continuidad Operativa’, se afirma que los desafíos en seguridad están impactando directamente la logística y la producción, especialmente en regiones estratégicas, lo que incrementa costos operativos y frena el desarrollo de nuevas inversiones en territorios que necesitan dinamismo económico.
En la cuarta, del ‘Entorno Macroeconómico’, señala factores como la inflación, las tasas de interés y la volatilidad internacional, de los que el CEA hace un llamado a una gestión macroeconómica prudente y coordinada, para garantizar condiciones de estabilidad.
Y sobre la ‘Articulación Público - Privada’, el desarrollo sostenible solo será posible mediante un diálogo constructivo entre el Estado y el sector privado, permitiendo diseñar políticas públicas que respondan a la realidad de la competitividad y la productividad.
Concordamos en que Colombia tiene una oportunidad histórica ante la reconfiguración de las cadenas globales de valor (nearshoring), siempre que nos posicionemos como un socio confiable y atractivo que trascienda las coyunturas políticas inmediatas.
Es de esperar que quienes aspiran a dirigir el país tomen nota de lo que ven los inversionistas que han confiado en Colombia, para evitar la fuga de capitales.