En editoriales anteriores hemos denunciado un escenario a la vista de todos en el corregimiento de La Boquilla, en el que es evidente la sofisticación del delito ambiental, pues no nos enfrentamos a simples asentamientos precarios, sino a verdaderas redes de loteo ilegal que rellenan cuerpos de agua, talan hectáreas de manglar e instalan servicios públicos informales mediante conexiones fraudulentas a la red eléctrica.
Esta invasión metódica avanza sobre un ecosistema protegido, incluso debajo de la infraestructura del Viaducto del Gran Manglar, exponiendo una alarmante falta de control territorial y permisión de las autoridades llamadas a investigar y sancionar con la máxima rigurosidad.
Frente a este grave problema, el Tribunal Administrativo de Bolívar acaba de dar un paso determinante mediante el Auto Interlocutorio 222 del 7 de septiembre de 2026, con ponencia del magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, decretando de oficio medidas cautelares de protección, prevención y seguimiento.
La providencia responde a la solicitud de la Procuraduría Ambiental y Agraria, en coadyuvancia con la Personería Distrital, para frenar de inmediato nuevas ocupaciones, rellenos, talas e intervenciones en zonas de bajamar, playas y áreas protegidas del margen derecho de La Boquilla.
Coincidimos plenamente con la postura del Tribunal, en tanto que la recuperación ambiental de esta zona exige una alianza institucional. El cumplimiento de la orden requiere articular la contundencia operativa de la Alcaldía Distrital, la rigurosidad de Afinia en la suspensión de servicios fraudulentos, la persecución penal de la Fiscalía y la restauración ecológica a cargo de las autoridades ambientales. Resulta crucial, además, el llamado al Ministerio de Ambiente para estructurar, en un plazo de 30 días hábiles, una matriz conjunta de control para el sector.
La decisión judicial también busca garantizar la efectividad de las acciones preventivas expedidas por Cardique, la cual ya había ordenado la suspensión inmediata de obras y rellenos en la Ciénaga de la Virgen y sus áreas de amortiguación. Sin embargo, los actos administrativos quedarán en papel mojado sin la ejecución coordinada de la Policía Metropolitana, el EPA Cartagena, la Secretaría del Interior, Control Urbano, la Gerencia de Espacio Público y los inspectores locales.
Esta providencia es una oportunidad inaplazable para que los entes demandados (Distrito, Dimar y Cardique) asuman un compromiso eficiente frente a la dimensión del delito ambiental. Cabe recordar que la cuenca de la Ciénaga de La Virgen y Ciénaga de Juan Polo se encuentra bajo ordenación ambiental por su valor ecológico incalculable.
Salvar los manglares de la zona norte no es capricho estético ni disputa marginal; es una acción urgente para la supervivencia costera de La Fantástica.