La escalada del conflicto por el programa transitorio de incentivos y sanciones al consumo de energía, expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para enfrentar el fenómeno de El Niño, derivó en cohesión institucional en la Costa. La demanda de nulidad interpuesta por el alcalde Dumek Turbay ante el Consejo de Estado ha sido respaldada por gobernadores, la Liga Nacional de Usuarios, congresistas y gremios empresariales.
El fondo de esta controversia expone una discordancia con la geografía y el tejido socioeconómico del Caribe. Penalizar con sobrecostos de hasta el 70% a quienes superen la meta de consumo histórico no considera que en este litoral las sensaciones térmicas rebasan los 42 °C bajo sombra, con lo cual los aires acondicionados encendidos o mantener la cadena de frío no son lujos, sino apenas necesidad de salud y de preservación operativa.
A la dimensión social se suma el impacto sobre la competitividad regional, alertado de manera contundente por la presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez, quien señala que, en una región con cerca de 347.000 unidades económicas (más de 42.000 concentradas en Cartagena), el servicio eléctrico representa cerca del 95% del gasto empresarial en servicios públicos; por eso, imponer metas uniformes basadas en la mediana del consumo de los últimos 12 meses, ignorando la alta humedad, las olas de calor extremo y la exposición térmica, puede convertir una medida de ahorro en un castigo directo a la producción y al empleo. Exigir reducciones de energía a los comercios e industrias cuando los equipos requieren más potencia para enfriar, los expone a la pérdida de capital de trabajo y a la insolvencia de los negocios más vulnerables.
Ahorrar energía es una responsabilidad compartida; distribuir ese esfuerzo con equidad también lo es. Y, aun cuando es un deber ciudadano e industrial indiscutible ante un fenómeno de El Niño que amenaza con reducir el aporte hídrico de los embalses, la confrontación con la CREG no es el mejor camino, pues la regulación no desconoce completamente las diferencias climáticas, en tanto que la meta de cada usuario se calcula sobre su consumo histórico, por lo que un hogar cartagenero parte de una base mayor que uno de clima frío.
El verdadero debate está en otro punto: el margen del 10% antes de penalizar el consumo adicional. En el Caribe, con temperaturas extraordinarias, superar ese límite puede responder no al despilfarro, sino a una necesidad elemental de refrigeración. Y este es el ajuste que nuestras autoridades deberían discutir técnicamente con la CREG.
La Costa necesita tarifas razonables, pero también energía confiable. Ante el riesgo de un apagón, necesitamos menos confrontación y más diálogo: rigor técnico, sensibilidad regional y defensa responsable de los consumidores.