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Editorial

La ventaja sexual por el poder

“Ninguna sociedad que aspire a la equidad y a la transparencia puede tolerar que el Estado funcione como un mercado de favores privados...”

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Las denuncias sobre la instrumentalización de mujeres mediante OPS en la administración pública o en los pasillos del Congreso desnudan el envilecimiento de la función estatal. Si en el plano cultural se critica que a la mujer se le condicione su visibilidad o éxito a la transacción de su intimidad, resulta sencillamente inadmisible que desde las más altas dignidades del Estado se reproduzca esa misma lógica extractiva y denigrante. Vincular la estabilidad laboral, el acceso al empleo o la renovación contractual en dependencias públicas a favores de índole personal o sexual no es ejercicio de libertad; es coerción, violencia de género y una malversación del erario.

El problema radica en la hipocresía de una narrativa que pregonó banderas progresistas y feministas mientras, tras bambalinas, operaba con los peores vicios del patriarcado clientelista. Convertir las nóminas oficiales en un feudo de favores personales revela una absoluta falta de rigor ético y destruye el principio del mérito. La precariedad estructural del modelo de contratación temporal por OPS, utilizado hace rato en el país como mecanismo de subordinación política, se convierte en el caldo de cultivo idóneo para estas prácticas predatorias, pues ante la ausencia de estabilidad en la carrera administrativa, la funcionaria queda a merced de la discrecionalidad y el capricho del superior jerárquico. La justicia no puede titubear frente a estos hechos.

Las investigaciones penales y disciplinarias deben llegar hasta las últimas consecuencias para sancionar a quienes abusaron de su investidura. Pero la respuesta también debe ser estructural: erradicar las nóminas paralelas en el Estado y blindar la dignidad de la mujer en el servicio público. Ninguna sociedad que aspire a la equidad y a la transparencia puede tolerar que el Estado funcione como un mercado de favores privados. Sin que se pueda afirmar que los hechos revelados a la opinión pública son veraces, es claro que la función pública debe regirse por la capacidad profesional, el mérito y la decencia, y no por la indignidad del abuso de poder.

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