Editorial


Ante la recesión

“Conviene que el Gobierno central convoque a gobernadores y alcaldes para fijar una política concertada y cohesionada de reactivación (...)”.

Tal como se pronosticó, la pandemia llevó al país a entrar oficialmente en recesión al registrar un segundo trimestre consecutivo de contracción del Producto Interno Bruto (PIB), algo que no ocurría desde 1999.

Es sabido que formalmente la recesión es el decrecimiento de la actividad económica de un país cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante dos trimestres consecutivos. En esta ocasión, aunque fue menor al -15,8% registrado en el trimestre de abril – junio, el -9% del trimestre julio – septiembre revelado por el Dane muestra que la batalla por la recuperación se extenderá hasta 2022, cuando se espera arribar a promedios cercanos a los de 2019.

El ciclo negativo, que se inicia con un frenazo a las actividades económicas, un mínimo de consumo de los hogares y la aversión a la inversión por los empresarios, se traducen muy pronto en despidos y suspensión de contratos. Y siempre ha sido más sencillo predecir cuánto habrán de durar tales coyunturas cuando las respectivas crisis se deben a factores económicos. Pero este no es el caso.

Por tratarse de un tema de salud pública, las perspectivas siempre serán más difíciles de calcular en la medida que, mientras se mantengan las causas de riesgo sanitario, el retorno a la normalidad de los ciclos económicos positivos estará supeditado a la desaparición de la amenaza a la inmunidad de los ciudadanos.

Como es claro que al menos para Colombia la vacunación masiva se diferirá para el segundo semestre del próximo año, no queda más remedio que acompañar, a las medidas de bioseguridad ya conocidas -que son responsabilidad básicamente de cada persona-, otras estrictamente económicas no solo para sobreaguar en medio de este mar de incertidumbres con el menor daño posible, sino para que el retorno a la reactivación sin la amenaza del COVID-19 no nos encuentre tan exhaustos financieramente que no haya capital para despegar con firmeza.

Conviene entonces que el Gobierno central convoque a todos los gobernadores y a los alcaldes de las ciudades más representativas para fijar una política concertada y cohesionada de reactivación de la economía que no quede a la libre improvisación de los mandatarios locales.

Si el centro de lo que se decida deberá estar fijado en la protección de los más vulnerables y preservar la continuidad de las empresas que han restringido sus capacidades productivas, una coordinación tanto en políticas de intervención de la economía como en incentivos tributarios generalizados puede ser más efectiva que medidas aisladas y descoordinadas entre los distintos entes territoriales.

Por cierto, para Cartagena es recomendable revisar las recientes propuestas del estudio difundido ayer por el Banco de la República denominado “Reactivación económica desde la inversión” formulado por su Centro de Estudios Económicos Regionales.

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