Los ciudadanos no podemos menos que estar muy preocupados después de conocer el contenido de los mensajes formales remitidos por los voceros de Ecopetrol a los congresistas, de cara a los debates del proyecto de reforma tributaria.
En esas comunicaciones se advierte sobre los millonarios impactos negativos que los cambios fiscales supondrán para la compañía y las finanzas de la nación si se mantienen algunas de las normas en discusión.
La cosa es simple: de aprobarse el proyecto como está planteado, a Colombia le tocará importar crudo por una creación jurídica inentendible. Adicionalmente, se aumentaría el hueco existente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) con el que se subsidia el precio de la gasolina y el diésel, de lo que tanto se ha hablado en las últimas semanas; se pone en riesgo la producción de 100 mil barriles de petróleo y gas hacia el 2026; en jaque la viabilidad financiera de proyectos de gas en el mar Caribe; y reduce en dos billones el pago de regalías a las regiones en los próximos tres años.
Por ejemplo, si se mantiene la propuesta de topes máximos de venta desde las zonas francas hacia el territorio nacional, significará que la Refinería de Cartagena, que está constituida en zona franca, para no incumplir el requisito de internacionalización planteado en la reforma, Reficar estaría obligada a aumentar sus exportaciones al 80%, propinando un impacto en sus resultados financieros anuales de aproximadamente US$300 millones en Ebitda (ganancias antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones).
Por lo mismo, obligar por una norma inopinada a incrementar las exportaciones al 80%, llevaría a la nación a importar directamente combustibles para atender la demanda nacional, por cerca de 44 millones de barriles cada año, debiendo asegurar y desarrollar la logística de puertos y de distribución necesarias para soportar tales operaciones.
Impensable que, teniendo la posibilidad de abastecer el mercado nacional de gas y combustibles, pues Reficar ingresa al territorio aduanero nacional el 70% de su producción, si ello se suspende, en este caso artificiosamente por una norma inconveniente, simplemente tocará importar crudo a un mayor costo, que será recargado a los consumidores. ¿Es esto necesario?, ¿es justo?, ¿es esto justicia social?, ¿es justicia tributaria?, ¿qué Gobierno, después de lo que le está pasando a la ingenua Alemania, pone en riesgo la seguridad energética de su pueblo?
Es indispensable que se aclaren muy bien las razones por las que, bajo el prurito de aumentar los ingresos tributarios, se pudiera dejar en manos extranjeras la capacidad de satisfacer la completitud de nuestras necesidades energéticas.
De hecho, hay que apagar la especie de que esto es para ayudar a Venezuela en su profunda crisis; nos negamos a creer que esto sea a costa de la seguridad energética del país.